Precios al alza

Como si se tratara de una maldición, la economía española parece condenada a una tasa de inflación sistemáticamente superior a la de las economías de nuestro entorno, aun cuando éstas experimenten repuntes coyunturales, como ha ocurrido también en noviembre. El crecimiento del IPC de noviembre (0,3% respecto al mes anterior), sitúa la correspondiente tasa interanual en el 2,8%. Será difícil que para el conjunto de este año esa tasa de inflación quede significativamente por debajo del 3%, marcando nuevamente una distancia significativa frente al 2% que el Gobierno se fijó como objetivo y al promedio de nuestros socios en la Unión Monetaria. La consecuencia inmediata es la revisión de numerosas partidas de gastos públicos y privados. El más importante, el relativo a las pensiones, pues el dato de ayer es el que sirve de referencia, supondrá un gasto adicional de la Seguridad Social superior a los 800 millones de euros.

La explicación de esa enquistada divergencia en la tasa de variación de los precios hace tiempo que no puede ampararse exclusivamente en el mayor crecimiento de la demanda en España. El funcionamiento deficiente de algunos mercados y el propio patrón de crecimiento de nuestra economía en estos últimos años son las causas que explican que los precios cabalguen a su antojo. La nuestra es una economía que crece básicamente por el impulso de unas condiciones monetarias históricamente laxas, consecuentes con la entrada en la moneda única. Esos bajísimos tipos de interés reales han sido aprovechados para financiar la muy importante contribución al crecimiento de la construcción, pero no para fortalecer el stock de capital que puede hacer a la economía española más eficiente, es decir, más productiva y menos inflacionista. Razones no faltan para que el Gobierno decida asumir como prioridad la corrección de un desequilibrio con grave incidencia en la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.