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Vecinos y ecologistas acampan hace días contra el vial Cabanes-Oropesa

Esperan una decisión del juez, que ya paralizó de forma cautelar las obras

María Fabra

Ni la lluvia ni el frío logran que los acampados junto al Desert de Les Palmes, en protesta por la construcción de la carretera Cabanes-Oropesa, se muevan un ápice. Menos aún ha variado su convencimiento de la "barbaridad" que, según sus propias palabras, pretende la Generalitat. A la espera de que la fiscal actúe de oficio y el juez resuelva ante la posible comisión de un delito ambiental, los acampados han pasado ya siete noches junto al paraje natural.

Entre seis y ocho personas, que se multiplican hasta veinte en algunos ratos, permanecen entre el barranco del Negre y la Ferradura, a escasos metros del límite del paraje natural del Desert de Les Palmes que, al contrario de lo que ocurre en otros parques, no cuenta con una zona de protección, lo que permite construir y edificar a sólo un metro del área protegida. Los acampados apenas cuentan con infraestructura, más allá de unas tiendas de campaña, pero han montado un "equipo tecnológico" que les mantiene "conectados" día y noche. Desde allí, recogen firmas de adhesión. Por su parte, la empresa adjudicataria envía, todas las mañanas, un operario que cumple su horario aunque sin trabajar. La Guardia Civil también realiza visitas diarias.

El Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) trasladó a los juzgados la denuncia, hace cerca de cuatro años, tras comprobar que el trazado previsto invadía parte del paraje protegido del Desert. La denuncia provocó una orden de paralización cautelar de las obras en un tramo de seis kilómetros, motivo por el que la Generalitat optó por variar, levemente, el proyecto. Sin embargo, los ecologistas insistieron en el valor ambiental de la zona y de una especie cavernícola, conocida como la gamba de Miravet, que habita en las cuevas que se verán afectadas por la construcción de la carretera. Con los informes técnicos que así lo avalaban, la denuncia concluyó en un auto en el que el juez señaló, explícitamente, que "la ejecución del trazado proyectado (...) conllevará el elemento típico del grave riesgo perjudicial para el medio ambiente".

Aún así, la Generalitat decidió el pasado octubre reanudar las obras. En el momento en el que las máquinas entraron en el tramo paralizado en 2000, la empresa adjudicataria se encontró con la oposición de vecinos y ecologistas que, como entonces, se encadenaron a las máquinas y paralizaron los trabajos. Ahora, los acampados aseguran que mantendrán su postura hasta que un juez se pronuncie, por segunda vez, sobre un mismo hecho.

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