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Editorial:

Atutxa y Arzalluz

La imagen de Juan María Atutxa, presidente del Parlamento vasco, interrogado por la fiscal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre un supuesto delito de desobediencia es "poco edificante", como dijo ayer un dirigente socialista; tan poco edificante como ver a ese mismo presidente desafiando reiteradamente las órdenes del Tribunal Supremo. Y no sólo poco edificante, sino patética, resulta la imagen de Xabier Arzalluz, presidente desde hace más de veinte años de un partido que lleva 23 gobernando en Euskadi, entonando a la puerta del tribunal una canción de guerra cuya primera estrofa proclama que "somos soldados vascos", y declarando que el eventual procesamiento y condena de Atutxa sería "una gloria", porque permitiría a los vascos "seguir luchando contra la opresión".

El Tribunal Supremo aclaró en un auto que la disolución de Batasuna implicaba la de su grupo parlamentario, y que lo único que tenía que hacer el Parlamento vasco era comunicárselo a los parlamentarios de ese grupo y encuadrarlos en el Grupo Mixto. Atutxa insistió ayer, sin embargo, en su argumento de que el Parlamento no puede disolver un grupo porque su reglamento no contempla esa posibilidad. Algunos juristas han venido apoyando esa posición, aunque los propios servicios de la Cámara vasca, que la compartían, aconsejaron acatar en todo caso la resolución. El Tribunal Superior del País Vasco tendrá que pronunciarse al respecto.

El contexto político en que lo hará no puede ser más inquietante. Por una parte, con un PP dispuesto a forzar los procedimientos parlamentarios para aprobar reformas ad hoc del Código Penal como la votada ayer en el Senado -contra la opinión de todos los demás grupos-, que permitirían encarcelar al lehendakari si convocase el referéndum que figura en su plan; por otra, con un nacionalismo vasco embarcado en un pulso contra el poder judicial que le lleva a movilizarse en la calle para presionar a los tribunales.

Si Atutxa fuera procesado, estaríamos ante un gravísimo problema político. ¿Pero qué margen le queda a la justicia tras haber agotado todas las vías de convencimiento, incluyendo las advertencias de los efectos legales de la desobediencia? No puede ignorar la existencia de un precepto legal que expresamente considera delito la "negativa abierta" por parte de autoridades públicas a dar "cumplimiento a resoluciones judiciales". La estrategia del nacionalismo se basa en la hipótesis de que el temor a las graves consecuencias políticas de una intervención penal contra los desafíos de sus cargos públicos hará desistir al Estado de derecho de aplicar ese precepto. Con el añadido de que, si no se produce ese desistimiento, el resultado servirá de todas formas para alimentar el enfrentamiento en un momento en que una de las reclamaciones esenciales del plan Ibarretxe es la de un Poder Judicial propio. Arzalluz se hizo ayer portavoz de ese doble desafío a costa de Atutxa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de diciembre de 2003