La Junta impulsa la identificación de fosas comunes del franquismo

El Gobierno andaluz aprobó ayer dos decretos con los que pretende reivindicar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. Una de las normas da cobertura legal para la localización de fosas comunes para la posible exhumación y traslado de los restos de las personas asesinadas y propiciar su reconocimiento público mediante la construcción de monumentos conmemorativos. La otra medida establece indemnizaciones de hasta 5.640 euros a aquellos presos que fueron encarcelados por un periodo superior a tres meses e inferior a tres años.

Los dos decretos llevan la firma de la consejera de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín, quien aseguró ayer que "no es casualidad" que se hayan aprobado a pocos días del 25 aniversario de la Constitución española, al tiempo que subrayó la decisión del Gobierno andaluz de "no ser ajeno a la enorme deuda que tenemos con estas personas".

La norma, la primera de estas características que aprueba una comunidad autónoma, pretende poner fin "a un olvido injusto e interesado", ya que "las las víctimas de la rebelión militar pertenecientes al bando republicano sigue en la actualidad en esas fosas comunes que no sólo sirvieron para ocultar sus cadáveres, sino para intentar imposibilitar el restablecimiento de su memoria con el paso del tiempo", dice el decreto.

A través de los ayuntamientos y a instancia de los familiares y entidades sin ánimo de lucro se realizarán las actuaciones de aportación documental necesaria para la localización donde pueden ubicarse las fosas comunes y erigir monolitos conmemorativos. El decreto crea un comité técnico de coordinación que será el que informe de la exhumación de cadáveres y su posterior traslado a los cementerios tras recibir las autorizaciones legales y judiciales.

El otro decreto permitirá a alrededor de 1.500 andaluces que estuvieron encarcelados y en campos de concentración por periodos de entre tres meses y tres años recibir indemnizaciones entre un mínimo de 1.800 euros y un máximo de 5.640 euros. La anterior normativa de la Junta, que data de 2001, sólo concedía compensaciones económicas a los que sufrieron cárcel durante más de tres años. Alrededor de 300 personas, que recibieron una media de 6.000 euros, pudieron acogerse a esta medida, si bien Hermosín reconoció que muchas otras quedaron fuera bien por haber presentado su solicitud fuera de plazo o por no haber podido documentar que sufrieron privación de libertad.

En una declaración institucional, la Junta asegura que las medidas aprobadas ayer "constituyen un pálido reflejo de la enorme deuda de gratitud que la sociedad mantiene contra quienes protagonizaron la resistencia a la dictadura".