La Seguridad Social endosa a la Junta deudas privadas, de colegios y empresas

El vicepresidente del Gobierno, Javier Arenas, resucitó este fin de semana un viejo conflicto entre la Administración central y la autonómica a cuenta de la deuda a la Seguridad Social. El Ministerio de Trabajo no pudo precisar ayer el origen de esta supuesta deuda, que Arenas cuantificó en 150 millones y la Junta niega. Lo que sí envió en verano la Seguridad Social a la Consejería de Economía fue un fichero en el que incluía deudas de personas, empresas y organismos que, considera, corresponden a la Junta. Entre ellos, colegios, universidades, cooperativas, asociaciones, entidades financieras, organizaciones políticas e, incluso, particulares.

Arenas echó mano de la deuda a la Seguridad Social para analizar la decisión que tomó la Junta el pasado viernes de destinar 40 millones de euros a completar pensiones mínimas pese a la ley impulsada por el Gobierno para prohibir esa posibilidad a las autonomías. "Es muy poco serio, la Junta debe más de 150 millones a la Seguridad Social, si hubieran pagado a lo mejor podríamos haber sufrido un poco más todas las pensiones", dijo Arenas el sábado. Y remachó: "Es un pésimo ejemplo para los ciudadanos, los profesionales y las pequeñas y medianas empresas".

El vicepresidente del Gobierno reprodujo este fin de semana casi las mismas palabras que utilizaba en septiembre de 1998 para referirse a un conflicto similar. Entonces, como ministro de Trabajo, dijo: "Sólo quiero que la Junta pague, porque los pensionistas dependen de la Seguridad Social. Y si los trabajadores y los empresarios la pagan, ¿como el señor Chaves puede no pagarla?".

En 1998, Arenas destapó las diferencias entre ambas Administraciones cuando había en marcha un proceso negociador que, pese al rifirrafe político, culminó en marzo de 1999: la Junta reconoció una deuda de 18,9 millones de euros con la Seguridad Social y Trabajo otra de 43,4 millones con la Junta por el programa de incapacidad temporal. En suma, el Gobierno acabó pagando 24,5 millones al Ejecutivo andaluz. Ambas administraciones pactaron, además, dejar las discrepancias sobre el recargo de apremio que debía pagar la Junta a juicio del Supremo.

En esta ocasión, Arenas ha vuelto a criticar de modo público a la Junta por una deuda con la Seguridad Social. En esta ocasión, el Ejecutivo andaluz, niega que haya deuda alguna. Y el Ministerio de Trabajo, consultado ayer, no precisó en qué basó el vicepresidente del Gobierno. "Lo que pasa es que el señor Arenas cuando quiere tapar una fechoría política, saca un capote a pasear e intenta engañar a la gente", dijo ayer la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, quien sí desglosa diversos conceptos por los que el Gobierno debe, según sus cálculos, 664 millones al Ejecutivo andaluz (ver gráfico).

La Seguridad Social sí envió a la Consejería en julio un fichero con deudas que quiere endosar a la Junta. Pero la cantidad no coincide con la esgrimida por Arenas. Y el Ejecutivo andaluz rechaza hacerse cargo de las supuestas deudas de colegios privados, empresas, personas físicas, fundaciones u organismos "que no corresponden al ámbito de Administración de la Junta".En el fichero enviado por la Seguridad Social a la Consejería de Economía se incluyen supuestas deudas de órganos públicos que, según Economía, tienen autonomía de gestión y por tanto una relación directa con la Seguridad Social. Es el caso del Instituto Andaluz de la Mujer o el Instituto Andaluz de la Juventud. La Seguridad Social también pretende endosar a la Junta la deuda de organismos estatales o pertenecientes a otras comunidades autónomas, o incluso a cajas de ahorros.

También hay empresas autonómicas de carácter mercantil, como la Empresa Pública de Suelo de Andalucía que ayer suministró a este periódico un certificado del pasado 5 de noviembre, en el que la propia Seguridad Social atestigua que "se ha procedido a la anulación de las reclamacioens al pago de cuotas". O el Defensor del Pueblo, un órgano dependiente del Parlamento andaluz, que también aseguró ayer estar al corriente del pago. Esta institución si está inmersa en negociaciones para conseguir la propiedad de su sede, que es titularidad de la Seguridad Social.

También está en la relación atribuida a la Junta, la supuesta deuda del Grupo Mixto del Parlamento andaluz. Un portavoz de esta formación parlamentaria negó que hubiese deuda "ni de esta legislatura, ni de la tercera cuando estaba compuesto por cuatro parlamentarios". Y adelantó que hoy pediría a la Seguridad Social un certificado que lo avalase.

Negociación en marcha

La Seguridad Social también pretende endosar la deuda de colegios religiosos concertados, universidades, fundaciones o personas y empresas privadas, sin relación alguna con la Junta. En una reunión, celebrada el pasado 18 de noviembre, delegaciones de la Seguridad Social y de la Consejería de Economía analizaron el asunto. Según fuentes de Economía, la única explicación que se dio fue que el sistema de la Seguridad Social consideraba como "adscritos" a la Junta esa relación de personas, empresas y organismos. En la reunión se acordó crear una comisión mixta para "depurar" esa relación, cuya deuda, según la Junta, en ningún caso se puede atribuir al Ejecutivo andaluz.

En esa misma reunión, también se acordó la próxima firma de un convenio para prorrogar el sistema de pago a la Seguridad Social por parte del SAS, prórroga por la que la Junta pagó 50 millones por 2002. Pero, por ahora, no hay fecha ni para la firma ni para la creación de esa comisión mixta.