El presidente del Supremo de Brasil, acusado de contratar a un menor

El presidente del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Mauricio Correa, que ha sido la mayor espina del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la aprobación del proyecto de reforma de la Seguridad Social, acaba de ser acusado por las autoridades laborales de varias irregularidades, entre ellas la contratación de un menor con un sueldo ridículo en una finca de su propiedad de 50 hectáreas en el Estado de Brasilia.

Los fiscales, que visitaron por sorpresa su finca a las 9.40 del martes pasado, han denunciado la existencia de múltiples irregularidades; entre ellas, el haber contratado a un menor de edad para cuidar a los caballos por 40 euros al mes, así como la condición de ilegales de varios trabajadores sin contrato, y el haberse adueñado de tierras públicas cercándolas junto a las suyas, como publicó ayer la revista brasileña Veja, que ha destapado el caso.

El presidente del Supremo Correa había amenazado al Gobierno de Lula con llevar al Constitucional el proyecto de reforma de la Seguridad Social si se atrevía a tocar lo que él consideraba los derechos adquiridos de los jueces en este país, como el de sueldos de hasta 18.000 euros mensuales y la posibilidad de jubilarse anticipadamente con el sueldo íntegro.

Correa llegó a organizar una huelga de jueces e incluso le negó la palabra a Lula hasta que hace unos días hicieron las paces, en un encuentro en el palacio presidencial del Planalto.

Ante las noticias destacadas ayer por la prensa nacional sobre las irregularidades laborales encontradas por los fiscales de trabajo en su finca, Correa se limitó a decir que le parecía "muy extraña" la visita a su finca. Tras ser preguntado por los periodistas, respondió que no sabe nada de esa finca y que hace tiempo la puso en manos de su yerno, en la que cría cerdos. Los fiscales han encontrado también irregularidades en los trabajadores que están construyendo una capilla en la finca.

El presidente del Supremo estaba organizando para el día 8 de diciembre una convocatoria nacional de jueces, a los que pedía que concediesen entrevistas "para mejorar la imagen de la justicia", muy deteriorada no sólo por la defensa a ultranza de sus privilegios económicos, sino también por el gran número de jueces que están cayendo en manos de la justicia, acusados de corrupción y de connivencia con el crimen organizado. El mismo Correa, en un encuentro reciente con jueces y magistrados, les había dicho que "el descrédito de la justicia ha tocado fondo".