El freno a la "regionalización" de la política científica

La pérdida de la candidatura española para la construcción del ITER -que hubiera actuado de polo de atracción para la investigación y de acicate para la industria y el desarrollo tecnológico- confirmó el jueves pasado lo que las universidades y los investigadores han venido denunciando en las última legislatura del Gobierno de Aznar: el escaso peso de España en la ciencia internacional (más allá del conocido prestigio individual de determinados grupos de investigación y científicos integrados en proyectos transnacionales). Un factor que finalmente actuó de verdadero revulsivo en contra de la candidatura de Vandellós.

El fracaso de la candidatura española confirmó, en clave autonómica, "la debilidad" de no haber impulsado el desarrollo de una "eficaz regionalización" de las diferentes políticas científicas que promueven los ejecutivos autonómicos. Un riesgo al que se anticipó la Fundación COTEC en marzo de 2002, cuando presentó en Valencia el Libro Verde de la Innovación valenciana, que había sido encargado por instrucciones directas del entonces presidente valenciano y actual ministro de Trabajo Eduardo Zaplana, tras constatar las dificultades para superar el débil 0,69% del PIB valenciano, en el que se había instalado entre 1996 y 1999 el volumen total del gasto valenciano destinado a la I+D+i (sumando la inversión estatal, el gasto autonómico y el privado). El Libro Verde de la Innovación invocaba a una "mayor coordinación entre las distintas consejerías" y al "diseño de una política de innovación coordinada en un solo ente, que implicara a todos los departamentos" para lograr "un sistema de transferencia tecnológica" orientado a revertir "el déficit de empresas de base tecnológica" y "el bajo peso empresarial en el sistema de innovación valenciano" (lo que dificulta su consolidación como un agente activo), pese a la vocación exportadora de la industria valenciana.

Las recomendaciones se plasmaron en la creación de una Agencia Valenciana para la I+D+i, poco antes de las pasadas elecciones autonómicas del 25-M, que dotaba a la Comunidad de "un potente instrumento jurídico", sujeto a derecho privado, con capacidad para captar fondos regionales en Europa, sin necesidad de pasar por Madrid. La Agencia, convertida en una especie de "ventanilla única", pretendía eliminar trabas administrativas y dotar de mayor autonomía y competitividad a la Generalitat. Era el primer paso hacia "una regionalización de la política científica", en palabras del dimitido responsable de la Agencia, Javier Quesada, para "optimizar" las ayudas regionales por ser región Objetivo 1 de que podía disponer la Comunidad entre 2003 y 2006, fecha en que dejará de serlo.