Zapatero rechaza la reforma penal contra Ibarretxe

El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer el rechazo de su partido a la reforma del Código Penal con la que el Gobierno pretende encarcelar al lehendakari, Juan José Ibarretxe, si convoca un referéndum sobre su plan soberanista para la primavera de 2005. El anuncio de esta decisión relevante de Zapatero, con la que se desmarca por vez primera del Gobierno en la estrategia vasca desde que en 2000 acordó con José María Aznar el Pacto Antiterrorista, lo materializó en el discurso de la conferencia sectorial socialista sobre Estado y Derecho. "El plan Ibarretxe es un plan ilegal, pero no se combate con esperpentos legales. La irresponsabilidad de Ibarretxe no se neutraliza con más irresponsabilidad", dijo.

Zapatero, cuya intervención provocó muchos aplausos entre los cuadros socialistas presentes, argumentó que el PSOE votará, por razones de fondo y forma, en contra de la enmienda que el PP registró el viernes en el Senado y que debatirá el pleno de la Cámara Alta la segunda semana de diciembre. Aclaró, previamente, que el rechazo a esta reforma propuesta por el Gobierno no supone que el PSOE ceda en el combate contra el plan del lehendakari. "Me permito asegurar que el plan Ibarretxe nunca saldrá adelante", dijo Zapatero, gracias a la coincidencia "en el rechazo con el PP".

También garantizó que el PSOE mantendrá la colaboración con el Gobierno "en las instituciones, ante los tribunales y la sociedad" en el combate contra el terrorismo y también contra el soberanismo, en clara referencia al acuerdo sobre la Ley de Partidos que permitió la ilegalización de Batasuna y al respaldo implícito al Gobierno en la interposición del recurso ante el Tribunal Constitucional contra el plan Ibarretxe, hace tan sólo 15 días.

El líder del PSOE justificó el desmarque del Gobierno sobre la reforma penal que castigaría con penas de prisión la convocatoria de un referéndum ilegal porque se trata de "defender la Constitución sin respetar los procedimientos legislativos que en ella se establecen".

La vía elegida, explicó, es una enmienda presentada a la Ley de Arbitraje la tarde del viernes, ley que no tiene la menor relación ni con el Código Penal ni con los referendos. La enmienda se presenta en el Senado, cuando no caben otras enmiendas ni cabe negociación pese a que el tema afecta a "algo tan trascendente como los derechos fundamentales" pues "se quiere introducir un delito en el título dedicado a la defensa de la Constitución".

También argumentó su rechazo en que "la iniciativa aparece envuelta en numerosos interrogantes jurídicos" porque "el nuevo tipo ya constituía delito", pues "nadie puede convocar un referéndum sin estar facultado para hacerlo, ni Ibarretxe ni nadie".

El tercer argumento que esgrimió Zapatero es que la medida "pretende defender la Constitución del consenso sin diálogo y sin consenso". Explicó que la reforma se ha adoptado "precipitadamente; sin diálogo previo con nadie, sin consulta previa al primer partido de la oposición, que promovió el Pacto por las Libertades y que ha mantenido una actitud de lealtad ejemplar en la historia de nuestra democracia".

La conclusión de Zapatero fue tajante. El Gobierno ha actuado en esta ocasión "con irreponsabilidad, con precipitación y deslealtad". Y aclaró, en lo que empeza a dibujarse como una línea de distanciamiento de los procedimientos del Gobierno Aznar, que, si bien "el plan Ibarretxe es ilegal, no se combate con esperpentos legales; la provocación política y la irresponsabilidad de Ibarretxe no se neutralizan con más irresponsabilidad (...) En democracia las formas son el ser de las cosas y el Gobierno se ha olvidado de las formas. Así no se construye una política de Estado", culminó Zapatero su reproche.Pero también recordó las razones del rechazo a la propuesta del

lehendakari: quiebra de la convivencia entre los vascos, imposición a los que no se sienten nacionalistas, derogación del Estatuto de Gernika -que ha supuesto durante 24 años el punto de encuentro entre las distintas sensibilidades-, y olvido de la auténtica prioridad del Gobierno vasco, que debe ser el combate contra el terrorismo.

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, aprovechó la inauguración de unas jornadas internacionales sobre Europa en evolución para calificar de "barbaridad política" la propuesta reforma el Código Penal "sin que el Congreso tenga tiempo de valorar la trascendencia y la gravedad que significa aplicarlo a un presidente de una comunidad autónoma por el hecho de convocar un referéndum".

A su vez, la eurodiputada socialista y miembro de ¡Basta Ya! Rosa Díez criticó la decisión del Gobierno. Díez, que intervino en Vitoria en una jornada sobre la Constitución europea, concluyó que la propuesta de Ibarretxe no tiene cabida en la misma, pero afirmó que el Ejecutivo ha tomado una "decisión errónea".

La crítica de Díez adquiere más relevancia por tratarse de una de las personalidades del PSOE alineadas en favor de la unidad de acción con el PP frente al nacionalismo vasco. Díez señaló que el Gobierno ha sido "muy irresponsable al realizar la reforma al margen del Pacto contra el Terrorismo, sin intentar siquiera el consenso con el partido socialista". Sin embargo, no cuestionó su contenido.

El también socialista Odón Elorza, alcalde de San Sebastián, percibió en la decisión del Gobierno "un claro tufo electoral" y le acusó de de utilizar "fantásticamente" el plan Ibarretxe para "cosechar más votos" y "atacar por el flanco débil" a Zapatero.

De entre las voces del Gobierno tripartito vasco destacó la del consejero de Justicia, Joseba Azkarraga (EA), que calificó la reforma como "lo más grave que en términos políticos ha ocurrido desde el fin de la dictadura". La presidenta de EA, Begoña Errazti, destacó el hecho de que el Gobierno margine al Congreso en la discusión.

[En relación a las reformas del Código Penal impulsadas por el Gobierno, los penalistas del Grupo de Estudios de Política Criminal mostraron ayer su rechazo: "Asistimos a un retroceso político criminal, a la renuncia de principios constitucionales y a la falta de rigor técnico". Según ellos, las reformas son "el resultado de una política demagógica". Manifestaron su preocupación por el discurso inútil e innecesariamente represor que anima la política oficial y recordaron que el derecho penal es el último recurso.]