La negativa de Yagüe a retirar la subida del IBI provoca un pleno cargado de insultos e incidentes

La oposición en bloque exigió ayer a la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, la retirada de la subida del IBI y de la revisión del catastro, tras la multitudinaria manifestación celebrada el jueves en contra del incremento de los impuestos y las miles de alegaciones presentadas. La negativa de Yagüe a dar marcha atrás provocó los insultos y gritos de los vecinos en un pleno que estuvo marcado por la crispación y que debió ser suspendido durante unos minutos ante las numerosas protestas. La policía local desalojó a una mujer que llamó "ladrona" y "payasa" a Yagüe.

La sesión plenaria transcurrió con normalidad hasta el debate de los asuntos urgentes. Uno por uno, los grupos de la oposición municipal presentaron diferentes mociones en las que solicitaron "la suspensión inmediata" de los acuerdos del pleno celebrado el 27 de octubre, en el que se aprobó -con los únicos votos del equipo de gobierno- el incremento del 11,6 % del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), las tasas por licencias de obras y la revisión del catastro municipal. La afluencia de público y la presencia de una docena de agentes de la Policía Local hacían prever una situación complicada.

Las protestas subieron de tono durante la intervención de la concejal del PP, Francisca Caracuel, que consideró que con los ingresos obtenidos por los acuerdos urbanísticos no tendrían porque subirse los impuestos. "Con lo que ha entrado en este Ayuntamiento las calles de Marbella tendrían que estar enmoquetadas", insistió la edil, que preguntó a Yagüe por el destino del dinero de los miles de convenios firmados durante los 12 años de gobierno del GIL. Caracuel pidió que se estudien "medidas alternativas para evitar sean los vecinos los que se rasquen el bolsillo".

La negativa del equipo de gobierno a esta primera moción desató la ira de los asistentes al pleno. "Fuera, fuera", "chorizos, "ladrones os tenía que dar vergüenza, ¿cómo os atrevéis a salir a la calle?", profirió el público. A continuación le tocó el turno a los concejales de los grupos mixtos D y B, que pidieron también la anulación de las dos medidas. El portavoz del PSOE, Silvestre Puertas, se adhirió a la propuesta, y exigió la dimisión en bloque de todo el gobierno tránsfuga.

"Creo que deben sacar lectura de esta situación gravísima y tener la valentía de presentar la dimisión urgente", recomendó Puertas, que insistió en el "malestar" de la población. Sin embargo, lejos de reconsiderar su postura, Yagüe se mantuvo firme. "No voy a dar marcha atrás porque esta medida era necesaria. Cuando se toma una decisión se toma con todas las consecuencias y esta decisión tanto mi equipo como yo la habíamos meditado y la habíamos pensado mucho", respondió la mandataria marbellí, que reconoció que se trata de "una medida antipopular".

El concejal del grupo mixto D, Javier Lendínez, exigió el cese de Juan Antonio Roca, artífice de los convenios urbanísticos, , mientras que su compañero Alberto García Muñoz, pidió a la primera teniente de San Pedro Alcántara, Carmen Revilla, que explique por qué vive gratuitamente en un piso de propiedad municipal y si paga los impuestos.

A partir de ese momento el cruce de acusaciones entre los ex ediles del GIL sobre supuestos enriquecimientos fue continúo. Revilla amenazó a García Muñoz con revelar su supuesto enriquecimiento. Éste a su vez preguntó a la alcaldesa por una decena de llamadas a Venezuela desde el teléfono móvil del Ayuntamiento. Yagüe no se quedó atrás, y aseguró al concejal que le responderá por escrito y que incluirá también alusiones su incremento de patrimonio.

Tras el pleno, Yagüe volvió a invitar a los vecinos a una futura reunión para debatir la subida de los impuestos. "Mis puertas están abiertas para que conozcan la realidad de esta medida", dijo la alcaldesa, que recordó que el censo de Marbella es "mucho más amplio" que el número de vecinos que movilizaron el jueves, y negó que exista una crisis en el gobierno local. "Estamos unidos", aseguró.