La fiscalía europea quiere que el 'caso Prestige' sea juzgado en un solo país
"Sería una locura montar dos procesos", dice el representante español
Los jueces español y francés del caso Prestige y fiscales de los dos países discutieron ayer las posibilidades de centralizar en uno de ellos las actuaciones judiciales abiertas por esta catástrofe en Francia y en España. Dos sumarios avanzan en paralelo, el de Corcubión (A Coruña) y el de Brest (Francia), pero es imposible que se llegue a una doble condena por un mismo delito. Eurojust, el organismo que coordina a las fiscalías de los 15 Estados de la UE, aboga por que uno de los dos países renuncie a la competencia judicial a favor del otro.
"Sería una locura montar los dos procesos", declaró a este periódico Rubén Jiménez, el representante español en Eurojust. Este organismo defiende la tesis de que "una sola autoridad judicial" debe hacerse cargo de los afectados en los dos países. Varios responsables de Eurojust estuvieron presentes en la reunión de las comisiones judiciales española y francesa, celebrada ayer en el Palacio de Justicia de Brest.
El juez que lleva el sumario abierto en esta ciudad francesa, Bernard Simier, intenta buscar a los responsables del accidente del Prestige más allá del capitán y de los dos oficiales que ya están imputados en el Juzgado de Corcubión (A Coruña), a fin de sentar la mano a los causantes de una catástrofe ecológica como ésta.
La parte española no se opone, aunque esto puede conducir a un proceso penal muy dilatado y necesitado de costosas investigaciones internacionales. Además, en España -a diferencia de Francia- no se puede condenar a nadie en ausencia ni en rebeldía, lo cual implica traer físicamente ante el tribunal a quien se pretenda juzgar.
Para un delito ecológico como el causado por el Prestige, el máximo de pena posible es de seis años de cárcel. Pero la identificación de los responsables de la catástrofe no aumenta automáticamente la posibilidad de obtener mayores indemnizaciones. A diferencia de los industriales "de tierra firme", cuya responsabilidad es ilimitada, el transporte de hidrocarburos por vía marítima tiene una responsabilidad muy limitada.
Indemnizaciones
En la reunión de ayer quedó claro que el máximo de dinero que podría distribuirse a los afectados no llega ni con mucho a los 300 millones de euros, sumando los 171 millones del Fondo de Indemnización de Accidentes por Hidrocarburos, lo que pueda conseguir a través de la compañía aseguradora y posibles fondos europeos. Eso constituye una tercera parte de los daños estimados en España, a lo cual debe añadirse lo que reclaman los ayuntamientos franceses. La única manera de obtener más dinero es la condena del Estado español y de ahí la importancia de la imputación del director de la Marina Mercante, que por el momento no ha sido excluido del proceso español. En Francia todavía no hay nadie imputado ni procesado por la contaminación del Prestige.
Los dos jueces se dejaron fotografiar en un descanso de la reunión, pero ninguno de los dos reveló hasta qué punto podría renunciar a favor del otro. El fiscal francés, François Nicot, se limitó a destacar la "mayor eficacia" que implica coordinar las dos investigaciones en marcha, "repartiéndose las tareas". Muy escasa parece la respuesta judicial posible para el número de denuncias que se tramitan en los dos países: más de 700 en el juzgado español de Corcubión, muchos de ellos en nombre de asociaciones, mientras que en el francés de Brest existen 170 denuncias en fase de instrucción por reclamaciones de los 225 ayuntamientos que se consideran afectados, en grados diversos, por la contaminación.
