Argentina amenaza a la filial de Aguas de Barcelona con rescindir su contrato si no invierte en mejoras del servicio
El Gobierno argentino inició ayer con el sector del gas la renegociación de los contratos con las empresas privatizadas de servicios públicos, en un proceso que se prevé largo y espinoso, no sólo por la controversia en torno al aumento de tarifas, congeladas desde la devaluación del peso en enero de 2002, sino por las contrapartidas que exige el Ejecutivo.
Se prevén fuertes discusiones con Aguas Argentinas, propiedad en un 40% de la francesa Suez Lyonnaise des Eaux y en un 25% de Aguas de Barcelona. El sector más duro del Gobierno quiere forzar a la compañía a firmar una serie de compromisos de inversiones en mantenimiento y ampliación de la red y en calidad de servicio, con la amenaza de rescindir el contrato si no es aceptado. El ministro de Planificación, Julio de Vido, alertó, en un acto celebrado en la Universidad Austral, del enorme déficit de Argentina en materia sanitaria, y aseguró que 20 millones de ciudadanos no tienen cloacas, de los que 11 millones viven sin agua corriente.
La dificultad de la renegociación de contratos era reconocida por un ejecutivo de una empresa del sector, quien declaró a este diario: "Llevamos dos años esperando y estamos en una situación límite. Acudimos a la reunión a escuchar las propuestas del Gobierno". Hace un año, los representantes de las empresas de gas mantuvieron una reunión con el mismo interlocutor, Gustavo Simeonoff, que ya dirigía la comisión gubernamental, en la que se estableció un calendario de actuación. "No se ha cumplido nada", indicó la fuente consultada. "Confiamos en el país, queremos avanzar y que el sector sea rentable", añadió. El martes próximo será el turno de las transportadoras y distribuidoras del sector eléctrico, al tiempo que el Gobierno ha confirmado que está negociando un nuevo contrato con el concesionario Aeropuertos Argentina 2000.
El diario Ámbito Financiero filtró ayer partes de un supuesto documento firmado por Simeonoff, que propone un acuerdo transitorio con aumento de tarifas parcial a cambio de que las empresas comprometan inversiones para 2004 y renuncien a litigar en tribunales internacionales en demanda de protección a sus inversiones.
