Los ataques sacan a la luz el uso de mano de obra sin regularizar en los campos de El Ejido

Más de 22.000 inmigrantes no comunitarios estaban dados de alta en la Seguridad Social en Almería hasta el 1 de octubre pasado, pero la utilización de mano de obra clandestina sigue siendo frecuente en los invernaderos de la provincia. Una prueba de ello se ha evidenciado con las agresiones cometidas en El Ejido desde el verano. De los 12 casos denunciados, sólo cuatro de las víctimas disponen de su situación en regla. Y, sin embargo, casi todos los inmigrantes, incluidos los que no estaban regularizados, trabajaban. Algunos lo han hecho de forma estable para el mismo empresario durante meses. Así que no sólo no se ha desterrado la utilización de mano de obra ilegal si no que es una práctica cotidiana bajo los plásticos de la comarca del Poniente.

En Almería, la comunidad marroquí sigue siendo mayoritaria (había 10.869 afiliados a la Seguridad Social), aunque los ecuatorianos y rumanos son colectivos que han crecido de forma veloz sobre todo a partir de 2000. El año que ocurrieron los sucesos xenófobos de El Ejido. En febrero, vecinos de la localidad se echaron en tromba a la calle para destrozar bienes y perseguir personas de nacionalidad marroquí. Una violencia racista se adueñó del pueblo durante varias jornadas aprovechando la laxitud policial de los primeros días para frenar los ataques hacia sedes de organizaciones ligadas a los inmigrantes, comercios de extranjeros o incluso casas y chabolas donde residían los magrebíes.

Después de 2000 se ha incentivado la llegada de trabajadores de otras nacionalidades. Los marroquíes aducen que ellos están más discriminados que otros extranjeros y que lo experimentan en la negativa a alquilarles viviendas en el pueblo o a regularizarles. Por las calles de El Ejido siguen siendo mayoritarios los rostros marroquíes, pero también comienzan a proliferar los ecuatorianos y los de las mujeres procedentes de la Europa del este, sobre todo de Rusia.

Olvidar la integración

A pesar de lo ocurrido en 2000, que dio la vuelta al mundo, ninguna Administración se ha tomado en serio los acuerdos que firmaron con los inmigrantes para poner fin a una huelga en el campo y mejorar sus condiciones de vida. El Ayuntamiento de El Ejido, en manos de Juan Enciso (PP), no desarrolla medidas para favorecer la integración social y acercar a ambas comunidades, pero tampoco el Gobierno ha invertido en ello. El decreto de la Junta de Andalucía para impulsar la construcción de viviendas para temporeros agrícolas, que habría permitido mejorar la situación de muchos inmigrantes que viven en chabolas, ha fracasado en Almería, entre otras cosas porque la mayoría de los alcaldes donde se concentran los inmigrantes se niegan a ceder suelo. Se ha negado El Ejido, pero tampoco han facilitado terreno otros municipios en manos del PSOE.