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COYUNTURA AGRARIA

La reforma de la PAC se aplicará por decreto

El PSOE pide diálogo con las comunidades

El Ministerio de Agricultura aplicará la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) por decreto de forma unitaria en todo el territorio nacional, de acuerdo con la enmienda presentada por los populares a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado. El objetivo de la Administración es que no haya diferencias ni desigualdades entre comunidades autónomas a la hora de aplicar la reforma.

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Para el portavoz socialista de Agricultura, Jesús Cuadrado, es importante que la reforma se aplique con igualdad de criterios en todo el territorio nacional, pero es indispensable que ese compromiso se adopte a partir de las negociaciones y un acuerdo con todos los gobiernos regionales.

La reforma de la Política Agrícola Común (PAC), aprobada el pasado junio, contempla la posibilidad de que cada Estado miembro y, en su caso, las comunidades autónomas pudieran aplicar una de las diferentes opciones contenidas en el reglamento. Estas diferentes opciones afectaban, entre otros puntos, al periodo para aplicar los pagos únicos, la fecha para poner en marcha las ayudas, 2005 o 2007, y decidir entre las posibilidades que se ofrecían para el desacoplamiento parcial de los pagos en herbáceos, ovino, caprino, vacuno y la reducción del 10% en las ayudas directas para pasar las mismas a desarrollo rural.

Durante las últimas semanas, Agricultura y las comunidades autónomas mantienen conversaciones técnicas para lograr un compromiso sobre estos puntos, que sería ratificado en la conferencia sectorial del próximo diciembre en Zaragoza. Sin embargo, ha causado sorpresa en medios de la oposición y de las organizaciones agrarias que, mientras por un lado se celebran reuniones de trabajo, por otro los populares hayan presentado la enmienda.

Los populares justifican esta postura ante la necesidad de establecer unos criterios comunes a la hora de aplicar la reglamentación comunitaria. En España, los gobiernos regionales tienen competencias en materia de agricultura y ganadería y podrían adoptar sus propias decisiones en la aplicación de la PAC.

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