Fin de una aberración

La decisión del Gobierno de denegar el indulto al actual presidente del Cabildo insular de Lanzarote, Dimas Martín, tendrá el efecto positivo de poner fin a la aberración jurídico-política que ha supuesto permitir que un condenado por corrupción e inhabilitado para ejercer el derecho de sufragio activo y pasivo pudiera concurrir a las elecciones del pasado 25 de mayo, y, una vez elegido, ser aupado al máximo cargo de una institución política representativa con los votos del PP. El presidente del Parlamento de Canarias, el popular Gabriel Mato, se ha apresurado a señalar que se retirará a Martín el acta de diputado autonómico cuando se haga efectiva la ejecución de la sentencia. Pero mejor habría sido, aunque sólo fuera por exigencias de moral pública, impedir que un convicto por corrupción según los tribunales hubiera concurrido a las elecciones.

El daño causado a las instituciones es inmenso, y no menor la burla a los electores cuyo voto ha quedado en entredicho. No basta, pues, con retirar el acta de diputado a quien fue elegido en condiciones de legalidad dudosa; habría que exigir responsabilidades a quienes permitieron la consumación de esta anomalía jurídico-política. En primer lugar, a la Audiencia de Las Palmas, encargada de ejecutar la condena contra Dimas Martín confirmada por el Supremo; pues, si bien la ley autoriza a suspender la pena privativa de libertad en tanto se tramita un indulto, es muy dudoso que esa suspensión pueda alcanzar a la pena de inhabilitación.

El Consejo del Poder Judicial debió investigar en su día esa actuación y, de haberlo hecho, es posible que se hubiera evitado a tiempo la tormenta política que se abate desde el 25 de mayo sobre las instituciones canarias. También pudo haber hecho algo más la Junta Electoral, que se avino a conceder el acta de diputado sin plantear oposición alguna a la decisión de la Audiencia de Las Palmas.

Este caso ilustra el retroceso en la calidad de la vida democrática de los últimos años. El PP defendió años ha el apartamiento de la vida pública de cualquier sospechoso de corrupción. ¿Quién puede asegurar que situaciones parecidas no se producirán en el futuro, vista la naturalidad con que imputados por la justicia acceden a cargos públicos, como ya sucede en el Gobierno balear?