El Tribunal Superior vasco admite el recurso de Álava contra el 'plan Ibarretxe'

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco notificó ayer la admisión a trámite del recurso contra el plan Ibarretxe interpuesto por la Diputación de Álava, en lo que constituye una primera victoria para esta institución, que lleva la batuta en la oposición institucional interna dentro del País Vasco a la propuesta de nuevo Estatuto. "No podrán decir que son los de Madrid", afirmó el diputado general de Álava, Ramón Rabanera, para reivindicar la protesta de una parte de la sociedad vasca. El Gobierno vasco consideró que no hay "argumento jurídico digno de consistencia" y que no comparte la decisión del Tribunal.

El recurso que la Diputación Foral de Álava anunció contra el plan Ibarretxe al día siguiente de aprobarse éste en consejo de Gobierno comienza su andadura tras la comunicación ayer a las partes de su admisión a trámite. Ésta fue decidida por la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por tres votos -los magistrados Luis Ángel Garrido, José Antonio Alberdi y Roberto Sáiz- contra dos -la presidenta de la Sala, Ana Isabel Rodrigo y Ángel Ruiz-. La decisión no suspende la tramitación parlamentaria del proyecto.

La diputación interpuso su recurso por considerar que el plan Ibarretxe exige una reforma de la Constitución, no cubrió el trámite de audiencia a los territorios históricos, pese a que les afecta directamente, que comete una desviación de poder y no cuenta con los informes preceptivos. La fiscalía apoyó la admisión a trámite, mientras la representación del Gobierno autonómico se opuso apelando a la inexistencia de normas sobre la elaboración de una propuesta de reforma estatutaria en la fase que compete al Gobierno vasco. El tribunal ha estimado que ese acto de gobierno, (el de la aprobación de la propuesta) "se erige", como cualquier otro, "sobre elementos regulados que deben ser fiscalizados" y que cabe la intervención de lo contencioso administrativo y ha negado la existencia de un terreno de actuación del ejecutivo exento de ese control.

El diputado general de Álava, Ramón Rabanera, estimó que la decisión judicial demuestra la "debilidad jurídica" de la propuesta y consideró que reforzará el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional, opinión en la que coincidió el ministro de Justicia, José María Michavila. Rabanera resaltó la condición de instituciones del País Vasco tanto de la diputación de Álava que interpuso el recurso como del TSJPV que lo ha admitido a trámite para rechazar el argumento de que es el Gobierno central quien intenta frenar el plan de Ibarretxe. "Es parte de la sociedad vasca la que está en contra y se siente perjudicada", afirmó. "La decisión del tribunal demuestra hemos hecho lo que teníamos que hacer: defender la autonomía vasca, las competencias de la Diputación y los intereses de los alaveses", remachó.

La Diputación estimó también en lo que vale la posibilidad de que, con la tramitación del recurso, se pueda conocer "la génesis" de un proyecto "tan personalmente llevado por el lehendakari", afirmaron fuentes de la institución. El procedimiento dará ocasión de leer, por ejemplo, el informe de legalidad con que contó la propuesta o el modo, por asentimiento o por mayoría, en que se aprobó en el consejo de Gobierno.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, declaró: "No compartimos la decisión del tribunal". "No sería la primera vez que ante recursos absolutamente temerarios e inconsistentes, un tribunal opta por su admisión a trámite para que nadie pueda alegar indefensión", añadió. El portavoz del Gobierno hizo suyos los argumentos expresados en su voto particular por los dos magistrados que votaron contra la admisión a trámite, y señaló que su Gobierno asumiría con normalidad la decisión del tribunal de no ser por que "no estamos ante un problema jurídico, sino ante una cuestión política que está siendo continuamente utilizada. "Nuevamente se vuelve a instrumentalizar políticamente la justicia", dijo Imaz, para afirmar que "sin más argumento jurídico digno de consistencia" la admisión a trámite da "un giro de 180 grados a toda la jurisprudencia existente hasta la fecha" y proporciona "un nuevo elemento mediático a las campañas del señor Aznar".

IU interpretó que con la admisión a trámite del recurso, el Tribunal Superior persigue impedir el debate de la propuesta y calificó esta actitud de "ejercicio de totalitarismo incompatible con la democracia y el Estado de derecho". El otro socio del Gobierno vasco, EA, le restó importancia y afirmó que la decisión "no implica nada y menos con dos votos en contra".