Los socialistas piden medidas de protección

"La situación de muchas familias es muy delicada". La responsable federal de Consumo del PSOE, Isabel Pozuelo, hace referencia no sólo al nivel de endeudamiento, sino, sobre todo, a la rapidez con la que se ha producido el fenómeno, cuando otras variables económicas pintan un panorama menos pujante. "La deuda familiar ha crecido 34 puntos porcentuales en seis años, pero es que el precio de la vivienda ha subido cinco veces más que los salarios en un país donde los contratos temporales duplican la media comunitaria", sintetiza Pozuelo.

La dirigente socialista recuerda que, según el Instituto Nacional de Estadística, más de la mitad de las familias españolas confiesa dificultades para llegar a final de mes. Y rechaza la apreciación recurrente del Gobierno, que afirma que las familias tienen mayor riqueza porque sus casas valen más. "Muchas familias tienen una sola vivienda, es decir no tienen opción de venderla sino es para comprarse otra, es un bien sin apenas valor de cambio para muchos". Pozuelo señala que, tal y como están las cosas, un ligero cambio en las variables macroeconómicas, como un repunte en los tipos de interés (que encarecería las hipotecas) o un parón en el precio de la vivienda, puede poner en dificultades a muchas economías domésticas.

El PSOE presentó una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para dar armas a los consumidores frente a la "presión comercial" de las entidades financieras y establecer una serie de garantías que permita a los hogares afrontar situaciones críticas en el pago de las deudas sin hundir la economía familiar. La propuesta defendida por Pozuelo incluye la prohibición de firmar hipotecas fuera de las entidades comerciales o la posibilidad de volverse atrás en un contrato hipotecario durante un periodo de prueba.

La aportación más novedosa del texto es la protección a la familia cuando no pueda afrontar una situación de "sobreendeudamiento", siempre que no medie "mala fe". "Las empresas tienen establecidos sistemas como la suspensión de pagos, la quiebra, el concurso de acreedores, que les permite reordenar su deuda y mantener la actividad, ¿por qué no las familias?", pregunta Pozuelo. La dirigente socialista plantea que las juntas arbitrales de consumo, o en su defecto jueces con atribuciones especiales, medien entre la entidad financiera y la familia para trazar un plan de reordenación del pago de la deuda, que reevalúe los recursos económicos del hogar. "Siempre con el objetivo de que la familia conserve bienes esenciales, como la vivienda". El PP rechazó en el Congreso la proposición, pero Pozuelo asegura que su partido perseverará. "Ha funcionado en otros países europeos, con el respaldo de las entidades financieras", afirma.