130 discapacitados psíquicos cumplen condena en las cárceles españolas
Las ONG denuncian que la falta de centros especiales impide la rehabilitación de estos presos
Al menos 130 personas con discapacidad intelectual (retraso mental) permanecen recluidas en las prisiones españolas, según la confederación Feaps, que agrupa a 750 asociaciones de discapacidad intelectual. La mayor parte fueron condenados sin que su minusvalía atenuara la pena, pero también hay presos preventivos. Esta ONG pide que esos internos puedan cumplir su pena en centros especiales. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias reconoce la existencia del problema. En fechas próximas dedicará un módulo especial de la prisión de Segovia a este tipo de internos.
Al menos 132 personas con discapacidad intelectual están presas en las cárceles españolas, según la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps), que agrupa a 750 asociaciones. Previsiblemente, esta cifra de reclusos con retraso mental se queda corta, ya que se refiere, exclusivamente, a los centros penitenciarios en los que trabaja esta ONG (Cádiz, Sevilla, Huelva, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Castilla-La Mancha, Alicante, Valencia, Extremadura, Madrid, La Rioja, Melilla y Galicia). Este periódico intentó ayer, sin éxito, contrastar esta cifra con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. En España hay 56.000 personas presas.
"La cárcel no es el mejor sitio para colectivos como el de los discapacitados intelectuales. Por eso pedimos que esas personas dejen de cumplir condena en las cárceles convencionales y lo hagan en centros específicos", afirma el director de Feaps, Paulino Azúa. Asegura que debería crearse "una red alternativa de servicios, públicos o privados, para que estos reclusos cumplan su pena con medidas de apoyo y rehabilitadoras". "Existe un marco jurídico que permite crear esos centros, pero no se ha dado el paso", añade Azúa, quien recuerda que han iniciado conversaciones con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para abordar la creación de recursos alternativos al ingreso en prisión.
"Está claro que en una cárcel convencional no se cumplen las condiciones para que las personas con discapacidad intelectual sean rehabilitadas", afirma Juan Planells, gerente de la asociación Asprona en Valencia, asociada a Feaps y que trabaja con los reclusos de la cárcel de Picassent.
El problema no es nuevo, pero sólo en 1995 llegó a manos de las ONG. Desde entonces hasta 2002, Feaps ha atendido a 1.017 personas con discapacidad intelectual presas o ex presas.
30 plazas especializadas
Un portavoz de Instituciones Penitenciarias explicó ayer que cabe la posibilidad de que los internos con discapacidad intelectual puedan cumplir la condena en centros educativos especiales. Sin embargo, para ello deben obtener el tercer grado (clasificación que permite salir de la cárcel) y tener plaza en un centro adecuado para cumplir la pena. Matizó, no obstante, que existen internos con retraso mental cuyas condiciones (por ejemplo, su nivel de agresividad) no permiten darles el tercer grado. Además, este portavoz reconoció que los centros educativos especiales son escasos y no siempre resultan adecuados para ciertos internos. A la vista de lo que considera "un problema", Instituciones Penitenciarias adapta ahora un módulo de la prisión de Segovia para agrupar en ella a internos con discapacidad intelectual. Tendrá entre 20 y 30 plazas, sobre todo para presos con discapacidad aguda y un delito grave.
Los expertos consultados por EL PAÍS comparten la petición de Feaps. "Parece sensato que estas personas cumplan su pena en centros especiales. Habría que reformar la Ley General Penitenciaria para crear una nueva categoría de centros adecuados a ellos. Los psiquiátricos penitenciarios no lo son, porque en general no se trata de enfermos mentales, sino de personas con capacidad intelectual reducida", explica Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona. "Los reclusos con discapacidad psíquica necesitarían establecimientos especiales para cumplir su pena. Su permanencia en prisiones convencionales es una situación decimonónica, propia de Dickens", afirma Joan Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona.
El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, Nicolás García Rivas, recuerda que "la Constitución obliga a orientar las penas hacia la reinserción social y la reeducación". "Tanto el Código Penal como la reglamentación penitenciaria dejan la puerta abierta a que las personas con discapacidad psíquica cumplan la pena en un centro educativo especial. Eso sería una solución", añade García Rivas, catedrático de Derecho Penal. Cita como ejemplo a los toxicómanos: pueden cumplir condena en centros de desintoxicación.
Toxicómanos y víctimas de abusos
Según la asociación Asprona (integrada en FEAPS), que desde el año 2000 trabaja con discapacitados psíquicos presos en Picassent (Valencia), ahora al menos 23 reclusos padecen esa minusvalía. De ellos, 21 cumplen condena de privación de libertad, en la mayor parte de los casos por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. La mayoría (85%) tienen entre 22 y 35 años.
A tenor del informe que ha elaborado Asprona sobre los presos que atiende en Picassent, el 57,5% padece un retraso mental ligero (tienen un cociente intelectual entre 50 y 70, inferior al normal, fijado en 100). El 27,5% presenta una inteligencia límite (cociente intelectual entre 70 y 84, lo que no supone retraso mental). El resto sufre retraso mental moderado (cociente intelectual entre 35 y 50). Los criterios diagnósticos del retraso mental incluyen, además del cociente intelectual (debe ser inferior al 70), la ausencia de al menos dos capacidades adaptativas (poder comunicarse, adaptación al entorno, autonomía personal, entre otras). Además, esa situación debe manifestarse antes de los 18 años, según explican en Asprona.
Todos los reclusos con discapacidad intelectual que trata Asprona, excepto cuatro, tienen el certificado oficial de discapacidad. En la mayoría de los casos (el 57,5%) tienen reconocida una discapacidad intelectual superior al 65% (sólo disponen del 35% de la capacidad psíquica considerada normal). Casi todos son toxicómanos y ninguno es culpable de homicidio o asesinato.
Según el informe de Asprona, los discapacitados de Picassent "no se adaptan al tratamiento penitenciario debido a sus limitaciones funcionales". "Como consecuencia de ello", prosigue, "son susceptibles de aplicación de diferentes tipos de sanciones, lo que es un caldo de cultivo para problemas adaptativos y diferentes tipos de patologías psicológicas". Añade que, dada su situación, "son personas que pueden ser objeto de diferentes abusos por parte de los demás presos". Además carecen de "trato o atención especializados". Dado que no existen módulos específicos, suelen ser enviados a los menos conflictivos y al hospital, concluye el informe.
Según el estudio de Asprona, entre los presos figuran personas con certificado de minusvalía por retraso mental que no lo presentaron al juez en el momento del juicio. Otros sí lo exhibieron, pero no quedaron exentos de responsabilidad ni se atenuó su pena. A un tercer grupo no se le diagnosticó el retraso antes del juicio. Se les detectó en la cárcel.
Desde que en 2000 (a petición de los responsables de Picassent), Asprona comenzó a trabajar en esa cárcel ha atendido a 55 discapacidados psíquicos internos (incluidos los 23 que trata ahora).
La situación de las personas presas con discapacidad intelectual en España se abordará los días 18 y 19 en unas jornadas que se realizarán en Valencia. A ellas asistirán jueces, abogados y expertos.
