El juez decide si un discapacitado ingresa en prisión o en psiquiátrico
Tener una discapacidad intelectual no impide ser condenado por un delito. Lo que importa a la hora de decidir si una persona es imputable o inimputable es su capacidad para discernir entre lo que está bien y lo que está mal. El Código Penal señala que está exento de responsabilidad criminal quien, "al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión" (art. 20, 1). Esta circunstancia puede aplicarse como eximente o como atenuante (permite rebajar la pena).
"Si el juez considera que la discapacidad psíquica es una causa eximente de responsabilidad para el autor de un delito, le declara sujeto peligroso y ordena su ingreso en un psiquiátrico penitenciario", explica Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona. En España existen psiquiátricos penitenciarios en Sevilla (156 internos, según el Ministerio del Interior), Alicante (Fontcalent, 311 personas ingresadas) y varias unidades en Cataluña (179 plazas de internamiento, según la Generalitat).
Dos psiquiátricos
En caso de que el juez considere la discapacidad psíquica como una circunstancia atenuante, puede decidir que el condenado empiece a cumplir su pena en un psiquiátrico penitenciario (medida de seguridad).
"Si el juez no considera la discapacidad psíquica como eximente ni como atenuante, el condenado va a una cárcel normal", detalla García Arán. "Una vez en la cárcel, si el médico o los funcionarios detectan que ese régimen penitenciario no es el adecuado, pueden pedir el traslado a un psiquiátrico", puntualiza una fuente judicial. El juez de vigilancia penitenciaria debe autorizar el cambio de centro.
Según la asociación Asprona de Valencia, que trabaja con personas con discapacidad intelectual presas en la cárcel de Picassent, a veces esta minusvalía pasa inadvertida para los jueces e, incluso, para los abogados defensores. Según su experiencia, "los jueces tienden a decidir que los acusados con discapacidad intelectual son imputables", explica el gerente de la asociación, Juan Planells. También detalla que en alguna ocasión han encontrado en la cárcel a una persona que había sido tratada por su discapacidad en un centro de la asociación.
Asprona, miembro de FEAPS (la mayor confederación de organizaciones formadas por familias de discapacitados intelectuales), detecta la presencia de este tipo de presos gracias a la colaboración de los funcionarios o de las propias familias de los afectados.
