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La designación de asambleístas de las cajas corresponde a las diputaciones

El Superior vasco anula una norma que daba esta facultad a las Juntas

Mikel Ormazabal

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha establecido para el futuro como doctrina que la designación de los consejeros representantes de las diputaciones en las asambleas de las cajas de ahorro vascas corresponde a los gobiernos forales y no a las Juntas Generales de cada provincia. Así se desprende de la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del máximo tribunal vasco, que anula una norma foral aprobada la anterior legislatura por las Juntas de Guipúzcoa y que otorgaba a este órgano legislativo la potestad de nombrar a los representantes que correspondían a la Diputación en la asamblea de la Kutxa como institución fundadora de la caja.

El fallo judicial estima el recurso interpuesto en mayo de 2001 por la Diputación guipuzcoana contra la citada norma foral aprobada tres meses antes con el apoyo de todos los partidos de la oposición en las Juntas. PSE-EE, PP y Euskal Herritarrok (EH) sumaron sus 39 votos en contra de los 19 de la coalición nacionalista PNV-EA, que entonces gobernaba en minoría la Diputación.

El gobierno que presidía el peneuvista Román Sudupe ganó la primera batalla judicial por la Kutxa cuando el Tribunal Superior decidió, a comienzos de julio de 2001, dejar en suspenso el cumplimiento de la norma foral hasta estudiar el fondo del recurso presentado por la institución foral. Con la normativa aprobada, los partidos de la oposición pretendían que los consejeros forales fuesen elegidos en función del número de escaños de cada partido en el parlamento provincial, lo que fue entendido por la Diputación como "un fraude y un abuso de poder".La Comisión Arbitral (órgano de resolución de conflictos de competencias entre instituciones vascas) también se pronunció a favor de las tesis defendidas por la Diputación. Con estos antecedentes, el Superior vasco hace referencia en su último fallo que la LORCA (Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro) y la ley 3/1991 no establece que las asambleas generales de las entidades de ahorro tengan que representar el "interés popular y el pluralismo político y social" que se da en las Juntas Generales, según informó Efe.

La sentencia también señala que la Diputación de Guipúzcoa, como entidad fundadora de la Kutxa junto al Ayuntamiento de San Sebastián, tiene la "facultad de nombrar consejeros en su propio nombre y no como órgano representativo de naturaleza político-territorial". La Diputación nombró a sus 11 consejeros en la asamblea general de la Kutxa, formada por 100 miembros, y no fueron sustituidos gracias a la suspensión cautelar ordenada por el Superior, que atendió el recurso de la Diputación contra la norma foral aprobada previamente por los partidos de la oposición, cuyo propósito era conceder a las Juntas Generales la competencia para elegir a los representantes forales.

Ante esta decisión judicial, el PSE-EE de Guipúzcoa aseguró a través de un comunicado que acata "sin reservas" la anulación de la norma foral impulsada por este partido, que fue apoyada por el PP y EH. Los socialistas sostienen que si las Juntas "se excedieron en sus competencias, los tribunales han corregido ese exceso, y no hay que rasgarse las vestiduras ni hacer victimismo por ello".

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Sobre la firma

Mikel Ormazabal
Corresponsal de EL PAÍS en el País Vasco, tarea que viene desempeñando durante los últimos 25 años. Se ocupa de la información sobre la actualidad política, económica y cultural vasca. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Navarra en 1988. Comenzó su carrera profesional en Radiocadena Española y el diario Deia. Vive en San Sebastián.

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