PRIMER ANIVERSARIO DEL DESASTRE DEL 'PRESTIGE'

Un informe pericial francés imputa errores al Gobierno español

El juzgado francés que tramita las demandas por la contaminación del Prestige dispone de un informe pericial en el que se señalan varios errores cometidos por las autoridades españolas desde los primeros momentos en que se produjo la avería del petrolero, el 13 de noviembre de 2002, a juicio de su autor, Jean-Louis Guibert, secretario del Instituto francés de Navegación.

El perito se fija en que, a las 24 horas de la avería, el Gobierno español denegó el acceso al barco de un equipo de cinco expertos en salvamento, enviado por el asegurador. "Este equipo sólo pudo subir a bordo el 15 de noviembre a las 2, 50 horas, después de haber tenido que aceptar la firma de un documento por el que se comprometía a mantener el Prestige a más de 120 millas náuticas del litoral español", mientras que el equipo pedía un lugar donde poner el petrolero al abrigo.

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El informe se sorprende de que las autoridades españolas no intentaran en ningún momento buscar un refugio para el barco averiado. A juicio de su autor, las condiciones en que fue remolcado, entre el 15 y el 19 de noviembre, "expusieron su flanco de estribor, reventado, a la plena fuerza del mar", lo cual "condujo a la ruina progresiva del navío y a la ruptura de su casco".

Cambio de rumbo

Las autoridades españolas obligaron a remolcar el barco averiado, primero hacia el noroeste y después hacia el suroeste. El vicealmirante francés Jacques Gheerbrant, en funciones de prefecto marítimo del Atlántico, intervino para pedir ese cambio de rumbo, según declaró él mismo a la comisión parlamentaria francesa formada a raíz del accidente y consta en el sumario que se instruye en el juzgado de Brest. Sin embargo, el vicealmirante declina toda responsabilidad sobre las condiciones en que se efectuó el remolque y la decisión de la ruta a seguir, que correspondió a las autoridades españolas.

El agravamiento del estado del casco por la forma en que fue remolcado ha sido subrayada también por el organismo competente del Ministerio de Transportes francés que, sin embargo, aún no ha entregado su informe final al juez.

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