Concluye el plan público de ayudas a los mineros de Huelva

Los representantes del Gobierno central, Junta de Andalucía, UGT y CCOO en la provincia de Huelva dieron ayer por cerrada la concesión de ayudas sociales a los más de mil mineros onubenses que se quedaron sin trabajo como consecuencia del cierre de las explotaciones en la provincia. Desde que se firmaron los correspondientes protocolos el 11 de septiembre de 2002, se han dado ayudas para mejorar la situación económica de 1.151 mineros en Huelva, de los que 699 se han prejubilado, 180 se han jubilado, 102 han sido contratados para tareas de restauración medioambiental y 139 han recibido las ayudas sociales.

El subdelegado del Gobierno en Huelva, Carmelo San Martín, explicó en conferencia de prensa que el gasto en estas medidas supera los 200 millones de euros y destacó que todas las medidas aplicadas se han hecho "desde la más estricta legalidad" y que han supuesto una solución "global y definitiva". El subdelegado del Gobierno recordó que la crisis minera no había sido causada por las instituciones, sino por la iniciativa privada y que llevaba arrastrándose desde hace años.

El delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez, destacó también que el diseño y ejecución de las medidas sociolaborales se ha llevado a cabo en un periodo "relativamente corto para ser administraciones". Jiménez resaltó la actuación de la Junta en la diversificación económica de la zona, al otorgar el máximo posible de subvenciones que permite la ley, lo que ha posibilitado que seis empresas se hayan decidido a ubicarse en la zona. Los sindicatos insistieron en la necesidad de dotar de más recursos el plan de diversificación económica.