Eudel acusa a Vivienda de vulnerar la autonomía municipal

La ejecutiva de Eudel está muy molesta con la reciente orden del Departamento de Vivienda, dirigido por Javier Madrazo, que obliga a sortear todas las viviendas de protección oficial que edifican los promotores privados, incluidas las realizadas a través de convenios con los ayuntamientos. La Asociación de Municipios, presidida por Karmelo Sainz de la Maza (PNV) con mayoría de alcaldes de ese partido, cree que la orden revela "desconfianza" y "vulnera la autonomía municipal". Eudel avisa incluso de que usará la vía judicial si ve amenazada su independencia.

Las relaciones entre la Asociación de Municipios Vascos, con mayoría PNV, y la consejería de Vivienda, en manos de IU, atraviesan su peor momento. A esta amenaza de acudir a los tribunales, se suma la oposición de Eudel al borrador del proyecto de ley de Suelo, que aún debe superar el filtro de su aprobación en consejo de Gobierno para llegar al Parlamento. La ejecutiva de Eudel considera que ese proyecto, como la orden cuestionada ahora, es muy intervencionista, y critica, entre otros aspectos, la imposición de reservas municipales de suelo.

En el mercado de las viviendas de protección oficial, unas las construyen directamente el Gobierno o los ayuntamientos, mientras que otras corren a cargo de la iniciativa privada. En este caso, la administración (Gobierno o ayuntamientos) cede suelo a los constructores para que edifiquen pisos de protección oficial, que después deben vender a los precios que rigen en el mercado protegido.

Sin embargo, mientras el Gobierno adjudica las casas que construye mediante un sorteo público entre las personas inscritas en el Servicio Vasco de Vivienda (Etxebide), los promotores privados podían elegir libremente hasta ahora a los adjudicatarios, siempre que constarán en Etxebide. Así, en muchos casos los promotores reclamaban al comprador un sobreprecio con relación al valor oficial del piso, bien mediante el pago de dinero negro, bien elevando el coste del trastero o bien obligando a adquirir varias plazas de garaje.

La orden pretende poner fin a esa práctica, evitar los fraudes y que todo sea transparente, según el departamento. Un dato que muestra la relevancia del mercado de vivienda protegida de iniciativa privada es que de los 8.000 pisos de protección oficial cuya construcción está previsto iniciar este año en Euskadi, alrededor de 5.000 serán levantados por constructores particulares.

Aunque Eudel comparte que se ate más en corto a los promotores para impedir sus abusos a la hora de fijar el precio final, entiende que las promociones de vivienda protegida municipal no pueden ser reguladas mediante una orden del consejero por "ser contraria al ordenamiento jurídico", al distorsionar el régimen de competencias y generar "una ingerencia en la gestión municipal".

En su posicionamiento, al que tuvo acceso este periódico, la ejecutiva de Eudel advierte a la consejería que dirige Javier Madrazo de que la orden debe dejar al margen a las promociones municipales de viviendas protegidas que sean propiedad de los ayuntamientos, organismos autónomos locales o sociedades públicas municipales y, en general, a todas aquellas promociones en las que participen los consistorios sobre la base de acuerdos con promotores privados. También a aquellos pactos en los que la propiedad de las viviendas es de los promotores privados, pero la adjudicación de los pisos se somete a un baremo fijado por los consistorios.

Selección de aspirantes

La selección de los adjudicatarios de las viviendas que realiza el departamento también es motivo de queja para Eudel. Según la orden del Gobierno, el promotor recibirá una lista con los candidatos de Etxebide que cumplen los requisitos para obtener los pisos. Todos ellos participarán en un sorteo ante notario, del que saldrá la lista de beneficiarios y los que quedan en reserva. Además, los promotores están obligados a entregar una memoria explicativa en el caso de que alguien se "caiga" de la lista.

Según Eudel, el requisito de que los adjudicatarios de viviendas estén dados de alta en Etxebide debe de ser, en todo caso, "una opción" para la administración local y "en ningún caso obligatorio". "No puede confundirse la adjudicación vía Etxebide", alega la ejecutiva de los municipios vascos, "como la única vía posible de adjudicación con control público. Caben otras vías igualmente públicas (a cargo de los ayuntamientos) que cuentan, como mínimo, con el mismo grado de credibilidad y responsabilidad que la del Gobierno".

Eudel también considera que es necesario suprimir la exigencia de remitir al departamento una memoria explicativa en el caso de que alguien salga de la lista de beneficiarios. "Esta tutela resulta inadmisible", enfatiza. "El poder local", añade, "no sólo es autónomo, sino que es tan prudente y responsable como el Gobierno vasco. La presunción de legalidad de los actos administrativos y el principio de autonomía local no se respetan a través de un sistema de tutela administrativa como el propuesto".