¿Debate o monólogo?

El Consejo de Ministros acordó ayer impugnar ante el Tribunal Constitucional por partida doble la aprobación por el Gobierno vasco del llamado plan Ibarretxe y la resolución de la Mesa de Portavoces del Parlamento vasco para su tramitación como proyecto de ley. El Ejecutivo se acoge al artículo 161.2 de la Constitución, que le faculta para impugnar "disposiciones y resoluciones" de los órganos de las comunidades autónomas. Los nacionalistas vascos acusaron al Gobierno de Aznar de intentar, mediante esa decisión, "impedir cualquier tipo de debate".

Para que la impugnación sea aceptada por el Constitucional, el Ejecutivo deberá probar que la decisión del Gobierno de Vitoria es una "disposición o resolución", y que, al aprobarla, se ha atribuido una competencia que no le corresponde. El Gobierno alegará, según adelantó ayer el ministro de Justicia, que existe un fraude de ley al haber presentado como mera reforma del Estatuto lo que en realidad es una modificación esencial de la Constitución. Mientras no se conozcan de manera más precisa los fundamentos de derecho de la impugnación, que no se formulará hasta el jueves próximo, sería improcedente pronunciarse sobre la misma.

Pero sí cabe un juicio político. Es lógico que el Gobierno intente utilizar todas las vías legales a su alcance contra el plan Ibarretxe. Sin embargo, una vez lanzada la propuesta, es utópico suponer que pueda evitarse su debate en la sociedad vasca, y más vale hacerlo en el Parlamento que en otros foros. Seguramente será más útil que la inconstitucionalidad del plan sea argumentada por los representantes de los partidos democráticos, a que lo sea por los tribunales.

O en todo caso, que lo uno no impida lo otro. Ello no significa participar en la discusión pormenorizada de su articulado mediante enmiendas parciales, como sin duda quisieran los nacionalistas (y Madrazo) para legitimar su pretensión. Pero tal vez sí convenga presentar enmiendas de totalidad precisamente para hacer visible el carácter unilateral de la propuesta nacionalista.

Y para denunciar las falacias en que se apoya. Por ejemplo, la de que ha sido el incumplimiento del Estatuto de Gernika lo que les ha obligado a romper con el marco autonómico. Como en su día (antes de que lo echasen del PNV) defendió Emilio Guevara, es incongruente deslegitimar el Estatuto con el argumento de su incumplimiento; lo lógico sería exigir que se cumpla. Es lo que ayer propusieron los socialistas al plantear una moción parlamentaria instando a los Gobiernos de Madrid y Vitoria a reanudar el diálogo sobre las competencias pendientes. El tripartito lo rechazó, como ha rechazado asumir ciertas competencias ya negociadas porque prefiere mantener abierto el contencioso.

Es cierto que no habrá solución política mientras el electorado autonomista no retire su voto al independentismo anticonstitucional del plan Ibarretxe; pero para ello será necesario desenmascarar sus falacias, lo que implica entrar en debates como el planteado ayer en el Parlamento vasco.