Fuera de juego

En principio, la presentación pública el 25 de octubre del texto definitivo del plan Ibarretxe tuvo lugar bajo el signo de la transparencia. El lehendakari había tenido la amabilidad de explicar los fundamentos ideológicos de su "texto normativo" en los dos discursos pronunciados ante el Parlamento vasco, el 27 de septiembre de 2002 y el 26 de septiembre de este año, y, por si fuera poco, la filtración de julio dejó al descubierto los principales rasgos de aquél. Hasta las trampas utilizadas en el vocabulario para presentar una cosa como si fuera otra quedaron de manifiesto. Sin embargo, desde el día 25 los comentarios han ido enmarañándose al tomar como blanco no el alcance y las implicaciones de la ruptura planteada con el orden constitucional, sino las cuestiones de procedimiento en torno a un eventual recurso ante el TC. Con ello, es cierto, se abría la siempre interesante posibilidad de criticar al Gobierno, pero resulta dudoso que por ese camino sea posible discutir lo que de veras importa: las posibilidades y los medios para impedir desde la democracia la fractura planteada. Hay que reconocer, de entrada, que estamos ante un supuesto no contemplado explícitamente, por inverosímil, en nuestro ordenamiento constitucional. Su significación es, sin embargo, inequívoca, tal y como explicara en estas páginas F. Rubio Llorente: "Es una declaración de independencia formulada conjuntamente con una propuesta de confederación". En consecuencia, sería bueno que los expertos y los comentaristas no perdieran de vista la entidad del bosque y que, yendo al fondo de la cuestión, buscaran soluciones para un problema inédito, en vez de limitarse a pronunciar de antemano dictámenes sobre la impracticabilidad de los senderos utilizados para escapar de él.

Hace falta, en primer término, explicar la trayectoria plagada de zigzags que Ibarretxe emplea ahora para eludir tanto al derecho como a la propia opinión pública. Todavía es posible escuchar noticias en informativos donde se presenta al plan como "reforma del Estatuto", y no como lo que es, una Constitución de Euskadi disfrazada de nuevo Estatuto. Se habla como cosa lógica del "debate" que vendría a impedir un recurso ante el TC, la gran consigna libertaria hoy del Gobierno vasco, olvidando tres cosas: primero, que un año de discusión no ha modificado lo más mínimo las posiciones de Ibarretxe; segundo, que mal debate público puede haber con el terror de ETA acechando a los constitucionalistas, y tercero, que no cabe reivindicar un debate parlamentario para una propuesta ilegal. Por fin, suelen olvidarse los recurrentes indicios de que estamos ante un grave proceso de manipulación, como el juego con los conceptos "propuesta" y "proyecto de ley" para el trámite en el Parlamento vasco que acaba de poner de manifiesto. Se trata, nada menos, que de colar como reforma estatutaria lo que es el establecimiento de un poder constituyente vasco.

Han merecido, en consecuencia, escasa atención los argumentos del abogado general del Estado, venga del PP o de la LCR, centrados en ese fraude, sobre los que se basa la referencia al artículo 9 de la ley fundamental, donde es determinada la sujeción de los poderes públicos a la Constitución. Y el acto del Gobierno vasco el día 25 vulnera ese artículo, sin sombra de duda y con gravísimas implicaciones. Conviene entonces advertir a la opinión pública que dista de ser irracional la pretensión de cortar el proceso de secesión en su punto de partida. Por utilizar un símil futbolístico, no se señala un fuera de juego cuando la jugada está a punto de terminar, sino al iniciar el balón su trayectoria hacia el destinatario en posición ilegal. En nuestro caso, cuanto más avance "el debate", mayor será la pretensión de legitimidad democrática esgrimida por el Gobierno vasco, y mayor , por consiguiente, la tensión social promovida desde el mismo en Euskadi.

Claro el fondo, sorprenden las posiciones políticas que siguen utilizando los problemas de forma para jugar a dos barajas. El caso más evidente es IU, con su cooperación desde el falso rechazo; ya llegará el momento en que Otegi tome el relevo. En cuanto al PSOE, si juzga que la "propuesta" es un fraude, ¿qué sentido tiene votar con PNV-EA-IU por el trámite tipo "proyecto de ley" como si el procedimiento fuera legal? Mal comienzo. Aquí, participar es legitimar.