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La Seguridad Social tiene en la capital 270 pisos vacíos

La institución argumenta que sacar los pisos a la venta es "un proceso lento y complejo"

La Seguridad Social posee 270 viviendas en Madrid que actualmente están vacías. El patrimonio de la institución, que depende del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, alcanza las 1.020 viviendas en la capital, lo que significa que una de cada cuatro de ellas se encuentra desocupada. La Asociación de Arrendatarios de la Tesorería General de la Seguridad Social ha denunciado el hecho y la situación ruinosa de varias de estas casas. El organismo público rebate que sacar los pisos al mercado es un proceso "lento y complejo" y que, pese a todo, ha vendido 800 casas en seis años.

Marisa Negro tiene 84 años y desde hace 56 vive de alquiler en un inmueble de la calle de Alcalá. Su casa, de 110 metros, es propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social. Cuando Marisa se asoma al patio interior se topa con un paisaje de ventanas ruinosas y muros desconchados. "Aquella ventana es la casa de las alemanas, que lleva vacía unos doce años. En esa de ahí no vive nadie desde hace veinte años, en esa...", enumera Marisa.

La Seguridad Social heredó en 1978 las viviendas que las mutualidades laborales arrendaban a su personal durante el franquismo. Desde entonces, esos pisos han ido quedando progresivamente vacíos, tras el fallecimiento de los titulares. Los hijos de estos inquilinos tienen derecho a vivir dos años más en esas casas, pero finalizado ese plazo deben abandonarlas.

La Asociación de Arrendatarios de la Tesorería General de la Seguridad Social denuncia que el Estado impide a los inquilinos y a sus descendientes comprar estas propiedades y que esto origina una creciente desocupación de las casas.

"Resulta inmoral que los políticos estén hablando de acabar con el problema de las viviendas vacías y la propia Seguridad Social tenga pisos desocupados en muchos casos desde hace más de veinte años", protesta Francisco Centol, miembro de la asociación e inquilino de una de estas casas en la calle de Alcalá.

El subdirector general de Patrimonio de la Seguridad Social y encargado de gestionar estas viviendas, Julio Megía, explica que en los seis últimos años la institución ha enajenado y sacado a subasta pública 800 viviendas en toda España.

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Sin embargo, dice Megía, el proceso para sacar al mercado estas viviendas es "lento y complejo, porque resulta muy difícil venderlas de una en una. Por eso se espera a agrupar el mayor número de viviendas posibles para venderlas juntas. En un par de años, esperamos haber vendido todas".

Tampoco arrendarlas representa una solución, según Megía: "Las normas patrimoniales en vigor lo impiden actualmente. Además, la Seguridad Social no tiene los medios para organizar un concurso público como lo podría hacer, por ejemplo, el Ivima" (Instituto de la Vivienda de Madrid).

Los pisos están situados en su mayoría en el centro de Madrid, en distritos como Salamanca, Retiro, Chamberí y Centro. La Asociación de Arrendatarios calcula en torno a 1.800.000 euros el dinero que el Estado ingresaría anualmente si se alquilasen las viviendas desocupadas. "Teniendo en cuenta que la Seguridad Social ha presentado un superávit del 0,8%, resulta indignante que además tenga esos pisos muertos de risa desde hace tantos años", protesta Marisol García, otra inquilina de uno de los pisos de la Seguridad Social.

La reforma tributaria del alcalde Ruiz-Gallardón, aprobada el martes con los Presupuestos, incluye una subida del 50% del impuesto de bienes inmuebles (IBI) para las viviendas vacías. Como reconoce Julio Megía, los pisos de la Seguridad Social no constituyen una excepción a este incremento: "Si el Gobierno municipal aprueba esa medida, por supuesto que también tendremos que pagarla. Sin embargo, tampoco supone un coste importante. Incluso podría ayudarnos a agilizar la venta".

Estado ruinoso

Los pisos vacíos constituyen, para la Asociación de Arrendatarios, tan sólo una parte del problema. Denuncian también que la situación de muchos inmuebles es ruinosa. María Jesús Martínez vive en el número 180 de Alcalá y sufre el efecto de las goteras en el edificio.

"La Tesorería se ha desentendido de los problemas y los tenemos que solucionar por nuestra cuenta. Es como si el casero que te alquila la casa se olvidase de que existes", se queja María Jesús.

Esta situación no es única.En junio pasado, un auto del Juzgado Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid ordenó al Ayuntamiento reparar de manera urgente unos pisos que la Tesorería General de la Seguridad Social tiene en Villaverde y amenazaban ruina. En las viviendas residen 30 familias, formadas sobre todo por personas mayores y con pocos recursos.

En una primera sentencia, de enero de 2002, el juez obligaba a la Seguridad Social a reparar los desperfectos. Sin embargo, el fallo recogía que si ésta se negaba a hacer los arreglos, tendría que ser el Ayuntamiento quien los acometiese.

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