Madrid, el otro modelo del PP

Con los resultados de las elecciones autonómicas todavía de cuerpo presente, una asociación de promotores constructores de Madrid hizo a la nueva presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, una descarada demanda: que cambie la Ley del Suelo de la región a fin de suprimir la reserva de terreno para la construcción de viviendas de protección oficial. Según el portavoz de esa asociación, esa Ley del Suelo exige "esa cosa tan demagógica de reservar suelo para viviendas protegidas, que es una verdadera monstruosidad económica", ya que el suelo para ese tipo de viviendas podría salir "de la liberalización".

No le han hecho los promotores constructores ningún favor a Aguirre con esa petición urgente. Una campaña electoral tan salpicada de sospechas sobre la imbricación de los intereses inmobiliarios y los intereses políticos merecía un final definitivo y una separación rotunda de los mismos. ¿Habrían hecho los promotores constructores idéntica demanda, con tanta urgencia, en el caso de que el vencedor de la contienda hubiera sido Rafael Simancas? En segundo lugar, vuelven a repetir un tópico tan familiar a los neoliberales como falso en sus contenidos: la liberalización del suelo abaratará su coste. La experiencia indica todo lo contrario: que la liberalización del suelo, en un régimen de oligopolio de los promotores constructores, conduce a esas viviendas cuyo precio de mercado está muy por encima de su valor real.

Coincidiendo con ello se conocían los datos del Observatorio Joven de Vivienda en España, presentado por el Consejo de la Juventud, con unas tendencias depresivas para los madrileños: Madrid es la comunidad autónoma más cara para comprar una vivienda (seguida del País Vasco, Cataluña y Baleares); un joven debe destinar casi el 87% de su sueldo a la compra de un piso; si los demandantes son una pareja en la que los dos miembros contribuyen al pago de la hipoteca, ese porcentaje se reduce al 57,5%; adquirir una casa de 100 metros cuadrados sin tener en cuenta el crédito hipotecario exigiría a un joven con un sueldo medio invertir 18 años íntegros de su salario. Es con estos porcentajes y otros parecidos con los que los promotores en cuestión quieren suprimir la reserva de terrenos para las viviendas de protección oficial.

En los próximos cuatro años, el PP va a seguir gobernando la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid con mayoría absoluta. Por lo tanto, el modelo de gestión que apliquen Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón será uno de los exponentes más representativos de la eficacia de ese partido. Pero ¿cuál es ese modelo? Las primeras declaraciones de Aguirre y el proyecto de presupuesto municipal para 2004, presentado por Ruiz-Gallardón, distan mucho.

Esperanza Aguirre parece sujeta a la misma filosofía que el Gobierno de la nación: es más importante la estabilidad presupuestaria que la satisfacción de las necesidades de los colectivos más débiles. En declaraciones a este periódico, una vez electa, Aguirre dijo: no voy a subir los impuestos "por principio y por convicción"; tampoco va a subir el céntimo sanitario (impuesto que se cobra por cada litro de combustible para pagar los gastos de la sanidad); y anuncia que suprimirá el impuesto de sucesiones con carácter universal, con lo que igualará las herencias de las grandes fortunas con las del ciudadano común.

En cambio, el primer presupuesto de Ruiz-Gallardón es rupturista con los de José María Álvarez Manzano: crecimiento del gasto en un 26% y de la inversión en un 60%, aumento de varios impuestos (circulación, bienes inmuebles), incremento del endeudamiento, etcétera. Consciente de que a Manzano se le había echado en cara su conservadurismo inversor y haber hecho de Madrid una ciudad chata, provinciana y escasamente comparable con otras capitales europeas, Ruiz-Gallardón ha echado la casa por la ventana. La oposición le puede criticar el orden de prioridades escogido, pero no el esfuerzo inversor ni el aumento del endeudamiento en un momento en que los tipos de interés son bajos.