El CES reclama a la Junta que rebaje el impacto económico de los impuestos 'verdes' en las empresas

Los nuevos impuestos verdes, con los que la Junta prevé recaudar 41 millones de euros al año, son tributos "verdaderamente ecológicos" y situarán a Andalucía "en posiciones de vanguardia" al proporcionar a los poderes públicos nuevos mecanismos "para velar por la utilización racional de los recursos naturales". El dictamen del Consejo Económico y Social sobre el anteproyecto de Ley de Fiscalidad Ecológica es, en líneas generales, positivo. Pero el órgano consultivo de la Junta cree necesario introducir "mecanismos reductores y de fiscalidad positiva" para mitigar el sobreesfuerzo económico de las empresas andaluzas.

El pleno del CES aprobó por unanimidad su dictamen el pasado día 22, tras una intensa discusión en la que hubo numerosas enmiendas formuladas por sindicatos, la CEA y la FACUA. El dictamen, tras alabar que la norma "contenga los principios que van a ordenar la fiscalidad ecológica" evalúa los cinco tributos que ya se definen en el anteproyecto -La Junta estudia desgajarlos para aprobarlos en esta legislatura, vía Ley de Acompañamiento-.

En la mayoría de los casos, las observaciones del dictamen van en la dirección de intentar "minorar" el impacto económico de los impuestos en las empresas afectadas. Así, el CES reclama a la Junta que levante la prohibición de que una misma empresa pueda recibir los beneficios fiscales previstos en dos tributos verdes distintos. "Esta disposición es absolutamente contraria a la lógica de la imposición medioambiental", entiende el órgano consultivo ya que, recuerda, están diseñados para premiar buenas conductas medioambientales.

Sobre la tasa para la prevención de la contaminación, que gravará los distintos permisos administrativos relacionados con el medio ambiente, el CES reclama que esa tasa se gradúe con relación al tipo de actividad, si no "tendrían que pagar la misma cantidad una empresa ladrillera que una gran química".

Del impuesto atmosférico, que grava la emisión de gases contaminantes, el CES cuestiona la "oportunidad" de aplicarlo sobre el dióxido de carbono, una iniciativa pionera de la Junta. Y cree necesario rebajar su impacto: varias firmas pagarán "una cuota anual de tres millones de euros".

Voto particular de la CEA

El CES también plantea a la Junta que sea más generosa con las deducciones establecidas por inversiones en sistemas de control medioambiental. La norma establece un límite del 50% de la cuota íntegra y el órgano asesor propone que el exceso sobre ese límite se descuente en los tres ejercicios siguientes, tanto en el impuesto atmosférico como en el que grava vertidos en aguas continentales.

Del impuesto al depósito de residuos peligrosos, el CES también cuestiona que se aplique "en la cuantía que se prevé". Y exige incentivos fiscales para reducir los niveles de producción de residuos peligrosos. En este punto, la CEA emitió un voto particular en el que especificaba su oposición a este impuesto, según fuentes del Consejo, aunque la patronal eludió concretar el contenido del mismo. Sobre el impuesto sobre residuos radiactivos, que afecta sólo al depósito de Enresa en El Cabril (Córdoba), no hubo observaciones.