Un modelo eficaz y de futuro

El modelo público de Seguridad Interior diseñado por la Constitución de 1978 y por la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sigue siendo válido en todos sus términos. Los tres niveles -local, autonómico y estatal- que dicho modelo sustancia definen un marco de corresponsabilidad acorde con una concepción de la Seguridad entendida desde la cooperación, el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles y la suma de esfuerzos en común entre todas las Administraciones implicadas en tan importante tarea. El modelo vigente es, por tanto, un modelo eficaz y de futuro.

Debiera ser obvio que en el ámbito de la Seguridad no caben "improvisaciones" ni polémicas estériles. El bien jurídico protegido es la libertad y ello exige una gran dosis de seriedad y de sentido común por parte de quienes tengan algo que decir al respecto. Sorprende, pues, que en las últimas semanas algunos se hayan perdido por derroteros ciertamente inútiles y que producen una gran perplejidad. Pretender que la existencia de un único cuerpo estatal de policía supondría un avance en la lucha contra el delito es una propuesta vacía de rigor y carente de eficacia y viabilidad. Ni que decir tiene que para nada se conjuga con la realidad estructural de los países de nuestro entorno más inmediatos ni supone un aporte de modernización a nuestro sistema de seguridad pública.

El modelo público de Seguridad Interior sigue siendo válido en todos sus términos

Se mire como se mire, la existencia de dos cuerpos estatales -el CNP y la Guardia Civil- es una garantía para la mejor distribución funcional y territorial de las tareas de prevención e investigación en orden a los principios de especialización, proximidad y adaptación al medio geográfico afecto a cada uno de dichos cuerpos. Promover la desaparición de uno de ellos para alentar una fusión artificial y forzada sería en todo caso un error de consecuencias mayúsculas en perjuicio de todos. Cuestionar a estas alturas la continuidad y pervivencia separada de ambos cuerpos acredita la escasa solidez con la que el señor Zapatero habla de estas cosas, probablemente porque no tiene argumentos para plantear alternativas en una cuestión tan sustancial como la que nos ocupa.

Por eso también en el contexto de lo dicho es llamativo que desde el PSOE se construya una teoría del "mando único" que intenta dar apariencia de novedad a un hecho que viene ya funcionando con plena normalidad. El reivindicado mando único de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) lo ejercita cotidianamente el secretario de Estado de Seguridad bajo las órdenes directas del ministro del Interior y es dicho secretario de Estado quien a su vez imparte las instrucciones correspondientes a los directores generales de ambos cuerpos. Eso es así y así debe seguir siendo porque conforma la lógica de la llamada cadena de mando y porque no hay otra manera mejor de hacerlo en una organización que por su naturaleza exige ser claramente piramidal para poder resultar eficaz y operativa.

Más allá de estas improvisaciones de signo electorero, lo cierto es que el auténtico reto estriba en continuar perfeccionando los mecanismos de actuación, formación y especialización de nuestras FCSE, dotándolas a su vez de los recursos humanos, materiales y financieros acordes con las misiones a desarrollar y con las necesidades que dimanan de la aparición de nuevas formas y tramas delictivas. A esa tarea de planificación y autoexigencia viene dedicándose el Gobierno y el Ministerio del Interior en los últimos años, tal y como se ha vuelto a hacer evidente en las previsiones contenidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2004 y en las inversiones adicionales que se van a aplicar en el ejercicio en curso, según anunció la pasada semana el propio presidente Aznar.

Así pues, el futuro inmediato de nuestro sistema público de Seguridad Interior pasa por el mantenimiento de los dos cuerpos estatales, la sustantividad de los modelos vasco y catalán, la no proliferación de nuevas policías autonómicas y la definición de un marco que permita optimizar el trabajo en común entre las FCSE y las policías locales sin que éstas pierdan su carácter auxiliar de aquéllas. En este horizonte es preciso también imaginar nuevas fórmulas que faciliten la debida interrelación entre la seguridad pública y la seguridad privada, de modo que se puedan establecer esquemas de colaboración dinámicos e inteligentes sin deterioro nunca de la jerarquía y del incuestionable control que a la primera corresponde ejercer sobre la otra.

Pero sobre todo lo que importa destacar en este tiempo es que nuestras FCSE cumplen, y cumplen bien, las tareas que tienen encomendadas en virtud del ordenamiento vigente. La entrega y profesionalidad de sus miembros, la alta valoración social de la que gozan ambos cuerpos y el prestigio que se les reconoce por parte de la comunidad internacional son pasaportes bastantes para que nadie se deslice por propuestas que parecen más bien la absurda consecuencia de una lección mal aprendida "en un par de tardes". España y los ciudadanos españoles necesitamos que nuestras FCSE gocen de estabilidad, tengan claro el modelo profesional sobre el que van a desenvolver su trabajo y no se las convierta en objeto de controversia partidaria. Las políticas de Seguridad son y han de ser políticas de Estado y esta consideración obliga a todos a actuar con voluntad de diálogo y de consenso sin demagogias catastrofistas ni veleidades estériles.

Ignacio Gil Lázaro es portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y portavoz de Interior. Diputado por Valencia.