País Vasco somos todos

Acaba de aparecer un libro en los Estados Unidos, del profesor de Georgetown University Law Center, David Cole, que lleva por título: "Extranjeros enemigos: doble vara de medir y libertades constitucionales en la guerra contra el terrorismo", en el que se analiza la privación para los extranjeros del ejercicio de uno de los derechos más fundamentales, como es el derecho a la libertad personal, sin que dicha privación haya sido acordada por un juez tras el ejercicio del derecho a la defensa por la persona detenida con el asesoramiento legal pertinente. La calificación de estos extranjeros como enemigos combatientes está sirviendo de fundamento al Gobierno de los Estados Unidos para mantenerlos en esa situación. Los 650 prisioneros detenidos en Guantánamo son los más conocidos, pero no son los únicos.

"Si el Constitucional admite a trámite el recurso contra la Propuesta Ibarretxe, peligrará la estructura del Estado"

El libro del profesor Cole es interesante no solamente por el análisis que hace del brutal tratamiento que están recibiendo extranjeros detenidos en Estados Unidos, sino porque pone de manifiesto que dicho tratamiento está empezando a extenderse a los propios ciudadanos norteamericanos. De ahí que afirme expresamente que los ciudadanos estadounidenses deben preocuparse de lo que les está ocurriendo a los extranjeros no solamente por una cuestión de humanidad o de justicia, sino por egoismo, porque es mucho lo que está en juego para ellos mismos. Ya hay dos ciudadanos americanos, Yasser Hamdi y José Padilla, que están detenidos sin juicio. Para justificar su situación los abogados del gobierno se basan en un precedente, la decisión del Tribunal Supremo de 1942 en Ex parte Quirin, en la que se confirmó la condena por un tribunal militar de saboteadores nazis que habían desembarcado en las costas americanas desde un submarino. Uno de los saboteadores era ciudadano americano y, en consecuencia, el Gobierno sostiene que no existe una prohibición de medidas especiales contra los ciudadanos en tiempo de guerra.

Cuando ayer tuve conocimiento de la decisión del Gobierno de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Propuesta de Estatuto para la Comunidad de Euskadi aprobada esta semana por el Gobierno vasco, me acordé de libro de David Cole que acababa de leer. Y me acordé de él por algo que los lectores creo que habrán entendido ya. El sistema de garantías, tanto el de las individuales relativas a los derechos fundamentales como el de la institucionales relativas a la distribución del poder, es un todo inescindible, en el que todos los elementos están relacionados. Cuando se produce la vulneración en algún punto del sistema, normalmente en el eslabón más débil, se corre el riesgo de que esa vulneración se acabe extendiendo a otros puntos. Quienes están en estos otros puntos no se suelen preocupar cuando se produce la primera , porque nunca piensan que les llegue a ellos posteriormente. Y sin embargo, el riesgo de que les acabe llegando no es despreciable. Y el o los precedentes establecidos en los primeros casos acaban convirtiéndose en un arma poderosísima para justificar las vulneraciones ulteriores. ¿Quién les podía decir a los ciudadanos americanos que un caso de la Segunda Guerra Mundial iba a servir para justificar vulneraciones de derechos en la guerra contra el terrorismo después del 11-S? Y ahí está.

Si el Gobierno acaba impugnando la Propuesta Ibarretxe ante el Tribunal Constitucional y éste acaba admitiéndolo a trámite se estará sentando un precedente extraordinariamente peligroso para la estructura del Estado que hemos construido a partir de las posibilidades y límites contenidos en la Constitución.

Si el Gobierno consigue que el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso que ha anunciado tras la celebración del Consejo de Ministros el pasado viernes, es que puede conseguir que el Tribunal Constitucional haga lo que a él le de la gana, al margen de cualquier previsión constitucional. Y a partir de ese momento, nos podemos esperar cualquier cosa.

El recurso no afecta solamente al País Vasco. Nos afecta a todos. La Constitución establece un sistema de distribución territorial del poder, que es indisponible tanto para el Estado como para las comunidades autónomas, y confía la garantía de dicho sistema al Tribunal Constitucional a través de dos procedimientos, el recurso de inconstitucionalidad y los conflictos de competencia, regulándose en la propia Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional las condiciones en que puede interponerse el primero y trabarse el segundo. Únicamente en los casos previstos en la Constitución y en la LOTC y en las condiciones previstas en dichas normas se puede acudir al Tribunal para que éste resuelva un recurso o un conflicto. Ésta es la garantía última del sistema.

Si esta garantía quiebra y el Gobierno puede disponer libremente en este caso de la estructura territorial definida en el bloque de la constitucionalidad, el riesgo de que vuelva a hacerlo en el futuro no es despreciable. El sistema de distribución territorial del poder se habrá desequilibrado en beneficio del Estado y en detrimento de las comunidades autónomas de una manera grave.

Si el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso, no hay ni una sola iniciativa de un Gobierno de una comunidad autónoma que no pueda ser impugnado ante el Tribunal Constitucional y acordada su suspensión. Tras la experiencia de estos últimos ocho en las relaciones entre el Gobierno central y el Gobierno de la Junta de Andalucía el precedente que se puede establecer es para que se enciendan todas las señales de alarma. Lo que está en juego no es la autonomía en el País Vasco, sino en toda España. En esta ocasión País Vasco somos todos.