Un tribunal italiano ordena retirar los crucifijos de una escuela pública

Un tribunal italiano ha ordenado la retirada de los crucifijos de un centro público de educación primaria tras solicitarlo el padre de uno de los alumnos, que preside la Unión de Musulmanes de Italia. La decisión ha provocado una gran polémica y numerosas críticas de la Iglesia católica y del Gobierno. La sentencia debe cumplirse en el plazo de un mes y podría implicar la desaparición de ese símbolo de todos los colegios.

El fin de semana pasado se ha hecho pública la decisión del juez de primera instancia de L'Aquila, Mario Montanaro, que daba la razón al islamista Adel Smith, quien reclamaba que se retirara el crucifijo de las aulas de la escuela a la que asisten sus dos hijos, en la pequeña localidad de Ofena. El juez Montanaro ha aceptado con el argumento de que "la religión católica no puede ser considerada de Estado". "La presencia del crucifijo en las aulas comunica una implícita adhesión a valores que no son realmente patrimonio común de todos los ciudadanos", señala el juez, y añade que ese símbolo "da una connotación confesional a la escuela como estructura pública y afecta fuertemente a la imagen de pluralismo".

La motivación de la sentencia se basa en que el Concordato de 1984 implica que en Italia no existe una religión de Estado, aunque las normas que exigían la presencia del crucifijo en las escuelas, de 1924 y 1928, no han sido abolidas formalmente.

La sentencia supone una derrota para el Ministerio de Educación, representado en el juicio por los abogados del Estado, porque entiende que la presencia del crucifijo en las aulas es una obligación a la que ninguna escuela pública puede sustraerse.

De hecho, el Gobierno y la Conferencia Episcopal italianos manifestaron ayer su rechazo hacia la sentencia por considerarla contraria a Derecho. Un portavoz del Ministerio de Educación aseguró que se mantendrá la aplicación de las normas de los años 20, por entender que no han sido derogadas y se reservó la posibilidad de presentar recurso ante un tribunal de apelación. Y el ministro de Justicia, Roberto Castelli, anunció que encargará una investigación sobre la sentencia.