Un caminito amigo para la Pampa

Las obras públicas en Argentina han constituido durante muchos años una mala palabra. La ola de pensamiento neoliberal que se impuso en los noventa descalificó la inversión del Estado en infraestructura como un gasto. Se basaba en las pasadas experiencias de corrupción, ineficiencia y lentitud en las construcciones.

El presidente argentino, Néstor Kirchner, llegó al poder el pasado mayo con la promesa de desplegar una política económica neokeynesiana y con la reivindicación de la obra pública como el instrumento para movilizar una economía que está saliendo de cuatro años de crisis y para recuperar el empleo en un país con un 16% de paro.

El presidente ha presentado el Programa Federal de Solidaridad Habitacional para levantar 16.000 viviendas en ocho provincias del norte

Las restricciones presupuestarias que impuso el Fondo Monetario Internacional, con una meta de superávit fiscal primario (antes del pago de la deuda) del 3% del PIB, y las demandas de los tenedores de bonos en suspensión de pagos no impidieron a Kirchner y a su ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, diseñar un fuerte aumento de la inversión pública. El presupuesto para el año próximo asciende a 1.595 millones de dólares, lo que supone un aumento real del 12,7% respecto de 2002, el peor de la crisis.

Una de las primeras subastas a las que ha convocado el Gobierno finalizó el viernes pasado y uno de los oferentes fue Dycasa, la filial argentina de Dragados, cuya fusión con ACS acaba de aprobarse en ambas empresas. A poco de llegar al poder, Kirchner rechazó la propuesta de los 15 concesionarios de peaje de un total de 7.951 kilómetros para renovar los contratos que vencen en noviembre próximo a cambio de saldar las deudas que el Estado mantiene con ellas. Se optó entonces por reasignar los tramos divididos a seis nuevos concesionarios, con la posibilidad de que los anteriores se puedan presentar mientras hayan cumplido los contratos y no mantengan querellas contra Argentina.

La Secretaría de Obras Públicas comprobó que el 59% de esos caminos necesita una reparación inmediata. En los 1.150 kilómetros concesionados a la empresa Virgen de Itatí, de la que participa Dycasa, se registró el menor índice de mal estado de los 15 convenios: 25%. Los seis ganadores de la subasta, calificada de poco transparente por las asociaciones de usuarios, se encargarán sólo del mantenimiento de las carreteras, porque el Gobierno de Kirchner ha decidido cambiar los esquemas y dejar al Estado a cargo de las obras de pavimentación y mejoramiento. Para ello se valdrá de 115 millones de dólares provenientes de un fondo constituido con recursos del impuesto al gasóleo.

El propio jefe de Estado se ha encargado de presentar el mes pasado el Programa Federal de Solidaridad Habitacional para levantar 16.000 viviendas en ocho provincias del norte argentino, la región que muestra los peores índices de pobreza. Se prevé una inversión de 113 millones y se obligará a las constructoras a que la mitad de los empleados contratados pertenezcan al Plan de Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, lo que representaría unas 48.000 personas que recuperarían un trabajo. Un cuarto de los argentinos carece de una vivienda adecuada, y en provincias norteñas, como Formosa, esa cifra llega al 62,4%.

Planes de emergencia

Las permanentes inundaciones de dos millones de hectáreas en las ricas tierras de la Pampa húmeda comenzarán a enfrentarse con una inversión del Estado de 265 millones hasta 2005. La Subsecretaría de Recursos Hídricos planea recuperar 700.000 hectáreas por año y ocupar a 3.500 trabajadores.

Además del cuidado de caminos y de la expansión de la red de agua potable en los suburbios de Buenos Aires, el Estado invertirá el año próximo 149 millones en la construcción de 700 escuelas. El Ministerio de Planificación subirá la asignación para la política energética un 101,7% respecto a 2003, a 123 millones. También dará prioridad al desarrollo urbano y la vivienda (259 millones) y las políticas de transporte automotor y ferroviario (70 millones). La atención de la emergencia por inundaciones recientes requerirá 47 millones de tres ministerios, frente a 1,7 millones de 2003.