El Defensor critica la escasa ayuda oficial para reabrir fosas de la guerra

El 20 de noviembre se cumplirá un año desde que el Congreso aprobó una proposición no de ley en la que por primera vez se condenaba el alzamiento militar dirigido por el general Francisco Franco. También se prometía allí ayuda para las familias que quieran reabrir las fosas comunes de republicanos asesinados durante la Guerra Civil. Pero estos familiares se quejan de que la Administración apenas hace nada, y que tienen que desarrollar esta titánica tarea -hay unas 30.000 personas enterradas- con sus escasos medios y la ayuda de voluntarios internacionales. El Defensor del Pueblo está de acuerdo con esta queja.

La familias se dirigieron a la institución que dirige Enrique Múgica para que presionara al Gobierno. Éste preguntó al Ejecutivo qué está haciendo para ayudar en las reaperturas, y la conclusión del Defensor es muy clara: "La respuesta recibida ofrece un resultado ciertamente desalentador para los ciudadanos afectados, y permite deducir que la iniciativa parlamentaria no ha tenido la repercusión que precisa su observancia", escribe en una nota enviada a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, que presentó la queja. Múgica anuncia su intención de documentar esta conclusión en su informe anual al Congreso.

Las respuestas son de los ministerios de Justicia, Cultura e Interior. Todos se muestran esquivos. El primero dice que las pruebas de ADN que soliciten los ciudadanos para reconocer los restos de sus familiares se harán "mediante el abono del correspondiente precio público" a menos que sean exigidas por un juez. Cultura contesta que le es ajena cualquier competencia sobre este asunto, a pesar de que este ministerio fue consultado para elaborar la proposición.

Interior contesta que "las competencias en materia de policía sanitaria mortuoria han sido traspasadas a las comunidades autónomas". Y, respecto a la petición de digitalizar los archivos de la Guerra Civil para que los puedan consultar las familias interesadas, Interior explica que la ley de Patrimonio Histórico no obliga a ello.