Gil y Muñoz vuelven a sentarse juntos en el banquillo por negar información a la oposición

Los ex alcaldes de Marbella Jesús Gil y Julián Muñoz volvieron ayer a sentarse juntos en el banquillo de los acusados para ser procesados por un presunto delito de impedimento de los ejercicios constitucionales a los grupos de la oposición, a los que el gobierno municipal gilista no permitió conocer el preinforme del Tribunal de Cuentas sobre su gestión. Aunque la fiscalía y el PSOE sólo mantienen la acusación contra Muñoz, para quien piden cuatro años de inhabilitación, el PP involucra también con igual culpa a Gil y al secretario municipal, Leopoldo Barrantes.

La última vez que Gil y Muñoz entraron juntos en las sedes judiciales de Málaga fue hace dos meses para declarar sobre las acusaciones de corrupción que ambos se cruzaron en televisión. Pese a su distanciamiento, los dos mantienen aún engrasado un engranaje de defensa que en muchas ocasiones han tenido que compartir. La declaración de Gil resulta ilustrativa: "Mis relaciones con Muñoz ahora no son buenas, pero en honor a la verdad su decisión estaría amparada como siempre en los informes técnicos que recibía, y él no hizo nada en contra de nadie, sino cumpliendo con su obligación".

Para que ningún cabo quedara suelto, el abogado defensor de Muñoz, José María del Nido, resulta ser el jefe de la asesoría externa del consistorio que formuló aquel consejo. El mismo letrado tuvo que atribuirse esa responsabilidad en algunos momentos de la vista. El tercer acusado, el secretario municipal, certificó que él participó en las reuniones de la asesoría.

La defensa de Julián Muñoz alegó que no se facilitó el anteproyecto del informe del Tribunal de Cuentas a los grupos de la oposición porque, de acuerdo con los consejos técnicos, entendía que se trataba de un documento de trabajo que el Tribunal de Cuentas envió al Ayuntamiento para que "el equipo de gobierno y los técnicos" aportaran ciertas alegaciones y que después habría un segundo proyecto, y por último el informe definitivo. Además Muñoz recordó que la decisión no fue suya, sino del pleno municipal. Aunque para que así fuera su grupo utilizó una triquiñuela. En julio de 2000, al tener noticias de que el Tribunal de Cuentas había emitido un preinforme en el que desvelaba una delicadísima situación al estimar casi 240 millones de euros gastados sin justificar entre 1991 y 1999, los grupos de la oposición pidieron tener acceso al documento.

Muñoz, que era alcalde en funciones, negó la información y la oposición solicitó la celebración de un pleno municipal cuyo primer punto del orden del día consistía en la "puesta de manifiesto e informe de la alcaldía sobre el anteproyecto del informe del Tribunal de Cuentas". Pero la mayoría absoluta del GIL hizo aprobar una enmienda de forma que el mencionado punto quedaba como "no dar información" del informe.

Aquel acuerdo fue recurrido en vía contencioso administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que lo anuló y requirió al alcalde a facilitar la documentación a la oposición. El asunto está pendiente de que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre recurso de casación, lo que, en opinión de Del Nido, debía haber impedido la celebración del juicio penal. El fiscal sin embargo resaltó que estos asuntos se vean en vía penal. "Se trata de tutelar un derecho colectivo muy relevante, estos delitos impiden la democracia", afirmó.