La UPV cree que Educación asumirá en noviembre su déficit de 8,2 millones

El rebrote de la exhibición de las desavenencias entre el equipo rectoral de la Universidad del País Vasco (UPV) y el Departamento de Educación del Gobierno vasco no afectará al proceso de solución de los problemas financieros que arrastra la institución encabezada por Manuel Montero. Así lo creen las fuentes consultadas del Rectorado y de otras áreas académicas de la UPV, pese a las veladas amenazas lanzadas desde la consejería al día siguiente del crítico discurso del rector ante el lehendakari Ibarretxe y la titular de Educación, Anjeles Iztueta, en la inauguración del nuevo curso.

Miembros del departamento remitieron a diversos medios de comunicación un escrito en el que se señalaba que las declaraciones de Montero "pueden afectar a la buena marcha del trabajo realizado hasta ahora para solucionar los problemas que él y su gestión han generado en la UPV". A tenor de estas palabras, la asunción por el Ejecutivo autónomo del déficit de 8,2 millones de euros de la UPV generado en 2001 y 2002 por el polémico pago de los complementos de productividad del profesorado podría estar en el aire. Desde la UPV, cuyo rector declaró en su discurso que ya existe "un acuerdo verbal" para su solución, no sólo se descarta esta posibilidad, sino que se asegura que el pago del déficit ya está fijado para noviembre. "Estas son, al menos, las intenciones verbales que se expresaron en el seno de la comisión mixta", se insiste desde el equipo rectoral. Sin embargo, también se admite que este grupo de trabajo, creado en diciembre de 2002 para hallar soluciones a los problemas económicos de la UPV y compuesto por tres representantes del departamento de Educación, tres de la UPV y uno del Consejo Social, aún no tiene fijada fecha para la próxima reunión.

Según la UPV, con lo que aporta el Gobierno no se cubren los gastos del personal

Fuentes universitarias externas al equipo rectoral no dudan tampoco de que el Gobierno se hará cargo del déficit pese al último desencuentro público. "No va a afectar a la cobertura de la deuda. Se seguirá administrando con cuentagotas, eso sí, lo cual tampoco supone variación. Además, no debemos olvidar que los complementos surgen de un equipo del mismo color que el Gobierno", recuerdan.

El pago por parte del Ejecutivo de los 8,2 millones de euros pendientes no va a acabar con el problema de la deuda de la UPV, como advierten desde el equipo rectoral. Las consecuencias de la prórroga presupuestaria y del estancamiento de la subvención ordinaria del Ejecutivo a la universidad pública van a reflejarse de nuevo de forma negativa en las cuentas de 2003. Según la UPV, con lo que entrega el Gobierno no se puede cubrir el capítulo uno de gastos, el que hace referencia a personal, debido a su crecimiento pasivo, es decir, el provocado por el aumento de costos a causa de trienios, quinquenios, desplazamientos internos...

A ello se suman las subidas del gasto en limpieza y seguridad, los dos subcontratados a empresas externas. En ambos casos, el aumento en infraestructuras implica una necesidad de más personal y medios, a lo que hay que añadir los incrementos salariales por el convenio laboral que les rige. La UPV ha estimado en 4,3 millones de euros el dinero necesario para evitar un nuevo déficit.

Si no se se modifica la asignación presupuestaria gubernamental, las previsiones para 2004 tampoco son muy halagüeñas. En su memoria de necesidades, un documento que sirve de base para confeccionar el presupuesto y en el que la UPV muestra a Educación las previsiones de gasto para el próximo ejercicio, la universidad pública vasca establece como necesario para las necesidades mínimas un gasto de 287 millones de euros, un 30% más que el presupuesto de 2000, aún vigente por los efectos de la prórroga presupuestaria del Ejecutivo, lo que supone un aumento anual del 6,94%.

De esta cantidad, la proveniente de Educación ascendería a 234 millones, un 40% más que los 167 millones que recibe en la actualidad. El gran incremento en las previsiones se debe en buena medida a la situación que se genera por la conclusión en 2003 del I Plan Universitario y la incorporación, ya prevista, de algunos programas al régimen de financiación ordinaria.