¿Dónde está la deuda?

"La Generalitat ha seguido reduciendo, como viene haciendo desde hace seis años, el porcentaje de endeudamiento sobre el PIB catalán". Así se manifiesta el consejero de Economía y Finanzas, Francesc Homs, cuando se le pregunta por la deuda del Gobierno catalán. Su afirmación no es compartida por otros analistas. Pablo Alcaide, economista de la Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (Funcas) y uno de los más destacados expertos en economía regional, recuerda que gran parte de las deudas de las comunidades autónomas está en empresas públicas, "ajena al presupuesto, y por tanto no aparece en las cuentas". Durante los últimos años, como fruto de los ajustes presupuestarios surgidos de la Europa del euro, los gobiernos han desarrollado para la medición de sus pasivos métodos que han encubierto formas de deuda, y la Generalitat no ha sido una excepción.

El PSC calcula que las inversiones encargadas por la Generalitat sin dotación presupuestaria sobrepasan los 5.200 millones de euros

El pago aplazado, el abuso de la entidad de crédito público y la 'centrifugación' son las principales formas de encubrir deudas

La rotundidad de las declaraciones del consejero Homs tiene su fundamento en la normativa del Sistema Europeo de Cuentas de 1995 (SEC-95), que excluye a las entidades que obtengan la mitad de sus ingresos del mercado, como la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV), entre otras. Según este método, durante el periodo 1997-2002 el volumen de deuda, aunque ha crecido tanto en términos constantes como corrientes (teniendo en cuenta la inflación), ha disminuido del 9,3% al 7,5%, según datos del Banco de España.

Pero no es oro todo lo que reluce. Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona e investigador de la eficiencia del sector público, reconoce que empresas públicas como Gestió d'Infrastructures, SA (GISA), "han sido particularmente exitosas en un momento de asfixia financiera, aunque complica el análisis de la deuda real y no supone una solución definitiva a los problemas de financiación y de gestión del capital público".

La catedrática de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona, Núria Bosch, es más explícita: "Las otras formas de endeudamiento encubierto han pasado de representar el 1,27% del PIB en 1997 al 1,78% en 2000. Teniendo en cuenta, pues, esta otra deuda, el endeudamiento total de la Generalitat en 2000 suponía el 11,18% del PIB", frente al 8,3% oficial.

¿De qué fórmulas de endeudamiento encubierto estamos hablando? Hay varias. Una de las principales es la centrifugación.Consiste en sustituir las subvenciones a las empresas públicas con activos financieros que se traducen en ampliaciones de capital. Los activos financieros no se contabilizan como déficit, según la norma SEC-95; las subvenciones, en cambio, sí. Aunque, según este método, entre 1997 y 2001 las cuentas de la Generalitat pasaron de una situación de déficit a un ligero superávit, Bosch calcula que, incluyendo los activos financieros, el presupuesto hubiera arrojado unos números rojos de 138 millones de euros.

Otra forma de endeudamiento encubierto son los censos enfitéuticos, que son la cesión de la propiedad de un inmueble a cambio de una cantidad y la redención de la misma mediante el pago de una renta durante un periodo de tiempo determinado, práctica que se ha utilizado en los últimos años. Así, mientras que en 1997 la cifra de censos enfitéuticos pendientes de liberar alcanzaba los 392,26 millones de euros, en 2000 sobrepasó ya los 500 millones.

Bosch también tiene en cuenta en sus cálculos el confirming (descuento de facturas), uso que suponía 210,4 millones de euros en 2000, y la práctica utilizada por el Servicio Catalán de la Salud de guardar facturas en el cajón hasta el ejercicio siguiente, con un volumen de 988,24 millones de euros ese mismo año.

Dos recetas más que están permitiendo al Gobierno catalán maquillar -de forma legal- sus cuentas en los últimos ejercicios son, por un lado, el pago aplazado de las grandes infraestructuras y, en segundo lugar, la utilización del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). La entidad de crédito público se está convirtiendo en una máquina de subvenciones públicas, con la particularidad de que el que se endeuda es el ayuntamiento de turno que decide rehabilitar la escuela o construir un polideportivo, no la Generalitat. Sólo el año pasado, el Ejecutivo catalán echó mano del ICF para dar subvenciones por valor de 83,9 millones de euros, un 63,2% más que el año anterior, según la memoria de la entidad, algo que es visto por algunos partidos de la oposición como un síntoma de "fin de régimen".

El sistema de pago aplazado es lo que popularmente se conoce como método alemán; adoptándolo, la Generalitat no abona las obras -no aparecen, por tanto, en el presupuesto como pago- hasta que éstas finalizan y son entregadas llaves en mano, con lo que las empresas constructoras y el resto de las subcontratistas se ven obligadas a endeudarse para poderlas llevar a cabo. Empezó a usarse en Cataluña de forma excepcional para la construcción de la línea 9 del metro. El entonces consejero de Economía, Artur Mas, argumentó que el elevado coste de las obras, unos 2.000 millones de euros, y su complejidad hacían aconsejable diferir pagos a ejercicio futuros.

Un técnico del Departamento de Economía y Finanzas argumenta, en defensa del modelo alemán, que desde un punto de vista económico "tiene toda la lógica del mundo" porque "no tiene sentido pagar en dos o tres años una infraestructura cuya vida útil es de 50". Pero advierte de que "no hay que abusar de ello".

El pasado verano el Departamento de Política Territorial desveló que la Generalitat ha empezado a utilizar la financiación diferida para obras menores, como la construcción de carreteras.

Este recurso ha sido especialmente criticado por el PSC, no porque no comparta su lógica económica, sino porque "las obligaciones futuras no aparecen en las cuentas", según el secretario de economía de los socialistas catalanes, el catedrático Antoni Castells.

Este partido considera -el Departamento de Economía de la Generalitat no ha atendido las reiteradas solicitudes de información de este diario- que las inversiones que ha encargado el Gobierno catalán sin dotación presupuestaria (la mayoría de ellas bajo el paraguas del pago diferido) alcanzan la cifra de 5.200 millones de euros en 2003, que básicamente se agrupan en el plan adicional de infraestructuras, que el Ejecutivo introdujo por primera vez en los presupuestos de 2001. Las más cuantiosas son la línea 9 del metro y el canal Segarra-Garrigues. En opinión del diputado socialista Martí Carnicer, la cifra anterior supone una "hipoteca sobre la gestión de los futuros gobiernos sin ningún control presupuestario".