Economía ordena investigar el fuerte aumento de los precios de los alimentos

El Ministerio de Economía ha ordenado al Servicio de Defensa de la Competencia que investigue si la fuerte subida de los precios de los alimentos frescos (en torno al 50% en algunos casos, como las judías verdes o los tomates en los últimos 12 meses) responde a prácticas de los intermediarios que vulneran la competencia. Los alimentos frescos en España, según explicó ayer el secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, han subido en los cuatro meses entre uno y dos puntos por encima de la media de la UE. Mientras, Agricultura se ha declarado incapaz de tomar "medidas de intervención" para frenar los precios.

El anuncio del Ministerio de Economía en la Comisión de Presupuestos, un día después de que el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, advirtiera en el mismo foro de que la inflación y el precio de la vivienda amenazan el crecimiento económico, revela que, pese al optimismo oficial, todas las alarmas sobre la evolución de los precios están encendidas.

Al Ministerio de Economía, que en noviembre del pasado año anunció una investigación sobre la distribución comercial y la regulación de las comunidades autónomas sin resultados prácticos, no le basta la fuerte ola de calor veraniega como explicación para las subidas de precios.

El encarecimiento de los alimentos frescos alcanzó el 6,5% en el índice de precios al consumo (IPC) de agosto, y ha llegado, en el caso de algunas verduras frescas, hasta el 50% en doce meses, y de la carne de pollo, un 24%, según el índice de precios de alimentos que elabora cada mes este departamento (véase gráfico). Las gallinas y los pollos murieron a miles el pasado verano en toda la UE, pero en España el IPC ha sufrido un calentón singular.

Por ello, ayer mismo, según Luis de Guindos, el Servicio de Defensa de la Competencia inició el proceso "reservado" para recabar información sobre "las causas y consecuencias de la elevación de precios". La investigación, "compleja" según Guindos, afectará a "la producción y distribución [de los alimentos frescos] en sus diferentes etapas" y podría estar finalizada en dos o tres meses.

Poco antes de la intervención de De Guindos, la directora general de Alimentación de Agricultura, Begoña Nieto, aseguró que la Administración "no puede adoptar medidas de intervención para controlar el precio de los alimentos frescos". La directora general esgrimió la economía de libre mercado para explicar su incapacidad para actuar.

La actuación del Servicio de Defensa de la Competencia en los precios de los alimentos será, previsiblemente, más compleja que la llevada a cabo, también el pasado año, por el Tribunal de Defensa de la Competencia. El organismo publicó, a instancias del departamento que dirige Rodrigo Rato, un informe sobre estructuras comerciales en España (distribución de comercios y grandes superficies por comunidades) de escaso eco. El informe, pese a los anuncios iniciales, no abordó la espinosa cuestión de cómo se forman los precios finales en el sector alimentario. Otros intentos sobre el mismo asunto del Ministerio de Agricultura tampoco tuvieron consecuencias.

Pese a la preocupación evidente de Economía por algunos componentes del IPC, el departamento mantiene el discurso optimista sobre la evolución general de los precios en los próximos meses. Según Guindos, en el inmediato futuro los precios, incluidos los de la vivienda, tenderán a la moderación.

Subvenciones a la vivienda

Respecto a la vivienda, Luis de Guindos se atuvo al guión de su superior Rato: aunque la evolución de los precios "no es satisfactoria", no existe burbuja inmobiliaria y se producirá una moderación que no llegará a ser "dramática". El secretario de Estado, que reclamó un pacto entre las administraciones y fuerzas políticas para frenar alzas de precios que cifró en el 20% anual, defendió la necesidad de modificar el sistema de subvenciones a la adquisición de inmuebles.

En concreto, adelantó la necesidad de subvencionar la entrada que se presta para la compra en lugar de los tipos de interés, en niveles mínimos. Esta idea, según reconoció, ya se aplica en el Plan de Vivienda del Ministerio de Fomento y está dirigida a facilitar el acceso a los jóvenes, el colectivo más afectado por la carestía en el sector inmobiliario.