Planes olvidados o de difícil evaluación

Uno de los primeros grandes anuncios de planes estrella en política social fue el Plan de Calidad Asistencial Gerontológica (1998-2003). Se hizo público en el encuentro en el que el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, convocó a unos 40.000 jubilados en el estadio de Mestalla para exponerles su política para la tercera edad. A estas alturas de año, a dos meses para que acabe el programa, no se conoce su seguimiento o evaluación alguna, como destaca el responsable de servicios sociales de UGT, Antoni Femenía: "¿Qué ha pasado con el plan?, no sabemos si se ha hecho o no".

El plan gerontológico fue el que abrió una larga lista de proyectos de difícil evaluación, según la oposición y los agentes sociales; o cuya puesta en marcha se encuentra retrasada y sin perspectivas próximas de que vean la luz. "El procedimiento suele ser similar", apunta la diputada socialista Nuria Espí, que en el debate que mantuvo con la responsable de Bienestar Social, Alicia de Miguel, el miércoles en las Cortes, le echó en cara la abundancia de "zapaplanes" en política social. Espí comenta que los planes se anuncian con grandes alardes en actos multitudinarios, se plasman en cuidadas ediciones en los que se diluyen los compromisos, se anuncian presupuestos abultados que no se especifican por partidas y pasan al olvido sin que haya ningún rigor en su evaluación.

Uno de los ejemplos que planteó en el debate pasado fue el Plan Integral de la Familia e Infancia de la Comunidad Valenciana (2002-2005). Zaplana lo presentó en un Palacio de Congresos de Valencia repleto, en un acto presentado por el presentador de los informativos de Canal 9 Lluís Motes, que contó con una cuidada escenografía. El programa, dotado con un presupuesto de 823 millones de euros, contemplaba medidas de fomento de la natalidad o de apoyo a familias con necesidades especiales que, en el primer caso no se han puesto en marcha, y en el segundo se han recortado, como en el ecaso del PER o la falta de ayudas para alojamiento en personas en riesgo de exclusión, como apunta Espí. Pero, además, no hay posibilidad de seguimiento. Establecía una primera evaluación a los seis meses y una segunda al año. "No se ha creado una comisión de seguimiento ni se ha dado cuentas al Consejo de Bienestar Social", señala Neus Carrasco, responsable de política social de CC OO.

Borrador inicial

A ellos se suma el Plan de Inclusión Social, un documento dirigido a frenar el riesgo de exclusión, del que se han dotado diversas comunidades autónomas y que no ha pasado de un borrador inicial paralizado desde hace un año y medio. Como en este caso, los sindicatos están a la espera de conocer el Plan de Integración de Inmigrantes. En una reunión del Foro de la Inmigración se les facilitó un esquema del documento, que no iba más allá de un conjunto de medidas "genéricas sin respaldo presupuestario definido".

Más concreto era el Plan de Salud Mental, cuyo anuncio, enmayo de 2001, fue acompañado con el anuncio de una dotación de 39 millones de euros. Un año y medio más trde, un informe elaborado por cinco psiquiatras encabezados por el catedrático de la Universidad de Valencia, Manuel Gómez Beneyto denunciaba que de los 102 nuevos trabajadores que preveía el plan (409 en 2004), sólo se había incrementado la plantilla en 22 personas, al margen de otros aspectos.

A esta situación se suman otros planes y programas previstos en la ley de servicios sociales de 1997 que aún no se han desarrollado. Uno de los más relevantes es el Plan Integral de Servicios Sociales, destinado a coordinar toda la atención social. Otro es el Plan General de Servicios Sociales "que tendrá como objetivo reducir los desequilibrios territoriales y las deficiencias estructurales en el ámbito de la Comunidad Valenciana", según la ley. Ni este aspecto, ni otros como la puesta en marcha de consejos sociales locales y comarcales o la creación de un plan de financiación concertado con las entidades locales se ha elaborado.