Cultura preventiva

"El éxito no es para los que piensan que pueden hacer algo, sino para quienes lo hacen". Anónimo

En estos días se vienen sucediendo una serie de desgraciados accidentes de trabajo en la comunidad autónoma andaluza que, si bien no suponen un aumento respecto del mismo periodo del año anterior, no obstante, el hecho de su producción en tan escaso periodo de tiempo, han generado una cierta alarma social.

Como es sabido, la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados, el pasado día 2, aprobó el dictamen del proyecto de Ley de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), sin la admisión de ninguna de las propuestas de modificación defendidas por la oposición.

Nadie duda en estos momentos de que la actual ley es la más avanzada de Europa, pero a su vez, la gran pregunta que todos nos hacemos es que, si ello es así, por qué la siniestralidad sigue siendo un factor de grave preocupación.

Ello, a mi juicio, viene condicionado porque la implantación de la cultura preventiva en el conjunto de la sociedad necesita de tiempo para que ésta se vaya impregnando de aquélla.

De cualquier manera -y respetando como es lógico la reforma planteada, en tanto que es fruto del consenso de los agentes sociales y económicos con el Gobierno de la nación-, entiendo que se ha perdido la oportunidad de introducir en la actual legislación una gradación en las obligaciones impuestas a los empresarios y, por ende, de las responsabilidades.

Y ello, por la sencilla razón de que hay que adaptar la norma a nuestra realidad social y económica que no es otra que un empresariado de micros y pymes (aproximadamente el 95% del total), al que, como es evidente, no le pueden ser de aplicación las mismas obligaciones preventivas y con la misma intensidad que si de una gran empresa se tratara.

De igual forma, en lo atinente especialmente al sector de la construcción (aunque afecta al resto de sectores), debería haberse pactado una nueva regulación del artículo de la LPRL que contemple con claridad y precisión el conjunto de obligaciones derivadas de la coordinación y cooperación que han de darse allí donde en un mismo centro de trabajo estén presentes dos o más empresas y, al hilo de ello, se regule la figura de la subcontratación, por cuanto es la que viene distorsionando el cumplimiento de la normativa preventiva.

Desde Andalucía venimos trabajando intensamente y con verdadera preocupación en esta problemática junto con los agentes sociales y económicos. El último de los pactos suscritos -V Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, de 23 de mayo de 2001-, dedica en su eje V de Relaciones Laborales todo su apartado 4 a la prevención de riesgos laborales.

De este compromiso es fruto el Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía, firmado el pasado día 16 de junio de 2003

Este plan se va a desarrollar en el periodo 2003-2008 en toda la geografía andaluza y van a participar en él todas las instituciones y organismos que tengan algo que aportar en materia de prevención de riesgos, habiéndose presupuestado para su ejecución 66 millones de euros.

Como respuesta inmediata a la actual situación, desde esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social se va a impulsar un paquete de medidas, unas pactadas con la Comisión Regional de la Construcción, y otras por impulso de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y que fundamentalmente consiste en la contratación de técnicos, formación para encargados de obras, ayudas a pymes para equipos de protección, etcétera.

Francisco Javier Guerrero Benítez es director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.