Lula replantea su política social

La localidad brasileña de Guaribas, en el Estado de Piauí, era un reducto de pobreza y atraso, con la renta per cápita más baja del país (90 reales o 29 dólares). Apenas el 1% de la población tenía agua potable, mientras que el 75% era analfabeta. La mortalidad infantil hacía estragos y no había un solo ambulatorio. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva escogió Guaribas como punto de referencia del programa Hambre Cero, lanzado en enero pasado como uno de los ejes de la política social del nuevo Gobierno.

Las cosas han cambiado en aquel municipio del noreste: en cuestión de días unas mil casas tendrán agua canalizada, el dinero ha empezado a circular, se han abierto frentes de trabajo y desde abril no han fallecido niños.

La marca Hambre Cero y el logotipo -un plato con un cuchillo y un tenedor encima de la bandera nacional- han calado hondo en Brasil. No hay otro proyecto gubernamental más conocido. Empresas, entidades, instituciones o simples ciudadanos han aportado su grano de arena. Lula ha conseguido poner de moda la lucha contra el hambre. Un desfile de ropa, un torneo de golf, un concierto de rock o una fiesta universitaria son hoy un buen motivo para recaudar fondos para la campaña.

El Gobierno incentiva a las empresas a presentar proyectos que estimulen la inclusión social. A finales de agosto, 73 empresas y entidades tenían ya acuerdos de colaboración con el programa Hambre Cero. La última que recibió el certificado correspondiente fue la petrolera Petrobras, que invertirá 303 millones de reales (104 millones de dólares).

Dificultades

Pese a la buena acogida de la campaña, la actuación del Ejecutivo en el área social tropieza con dificultades. Dispersión de energías, superposición de funciones y exceso de burocracia son algunas de las críticas que han proliferado en los últimos tiempos. El futuro del Ministerio de Seguridad Alimentaria y Combate al Hambre, que encabeza José Graciano, y el del Ministerio de Asistencia y Promoción Social, a cuyo frente trabaja Benedita da Silva, está en duda. Según fuentes cercanas a Lula, el presidente contempla una profunda remodelación en el área social del Gobierno en un futuro no lejano. "Habrá una mejora en los programas sociales", vaticina Marco Aurelio García, asesor especial del presidente.

Una primera señal de los tiempos que se avecinan es el reciente nombramiento de Ana Fonseca como secretaria ejecutiva de los programas sociales, que dependerá directamente del presidente. Historiadora, socióloga y especializada en políticas públicas, Fonseca estuvo al frente de varios programas sociales en São Paulo, que cosecharon buenos resultados a pesar de la limitación de los recursos. "Su nombramiento es clave", asegura García.

Fonseca y el economista Ricardo Henriques dirigirán la secretaría que unificará los diversos programas sociales en un proyecto integral denominado Bolsa-Familia, con un presupuesto para el año próximo de 5.300 millones de reales. A partir de este mes, los 50 reales mensuales (17 dólares) que reciben las familias en situación más desesperada podrán aumentar en algunos casos hasta 95 reales. De entrada, 1,2 millones de familias beneficiadas comenzarán a recibir la bolsa de ayuda, y al concluir el año la cifra llegará a 3,6 millones de familias, según los cálculos del Gobierno. La meta hasta 2006, cuando termine el mandato del presidente Lula da Silva, es que obtengan provecho 11,4 millones de familias.

La respuesta de los Estados al nuevo programa social no ha sido muy entusiasta. Sólo cinco Estados -Amazonas, Acre, Amapá, Goiás y Mato Grosso do Sul- han llegado a un acuerdo para unificar sus iniciativas en el área social bajo el paraguas del programa Bolsa-Familia. Los Estados de Roraima, Tocantins, Paraíba y Río Grande do Sul, así como el Distrito Federal, estudian la posibilidad de participar en ese mismo programa. De momento, los Estados con más recursos -São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Bahía- no se han pronunciado.

Varios Estados tienen sus propios programas de ayuda social, con montos que no coinciden con los que distribuye el Gobierno federal. Por ejemplo, el Estado de Goiás aplica un programa que entrega hasta 120 reales mensuales por familia, lo que dificulta la unificación. Para evitar la duplicación de la ayuda, las autoridades federales y de los Estados cruzarán los catastros. El Gobierno federal realizará en los próximos seis meses una especie de "censo de pobreza".

Aunque la acción social, con programas como Hambre Cero, no cambiará Brasil, cuando llegue a las grandes ciudades dejará sentir sus efectos, porque la mayor pobreza no está en el campo, sino en las aglomeraciones urbanas y sus cinturones de miseria. Marco Aurelio García subraya que una transformación profunda en un país tan inmenso y complejo como Brasil demanda mucho más que una política social. "Hay que pensar y planificar grandes políticas de infraestructuras, que permitan crear un gran mercado de masas", dice. Y ello requiere tiempo. Mucho más que los cuatro años que durará el mandato de Lula.