CiU reclama en su programa poder regular la entrada de inmigrantes

Convergència i Unió (CiU) basará su campaña electoral en la reivindicación de un nuevo Estatuto y en las propuestas de carácter social, con especial atención al incremento de las ayudas económicas a las familias y viudas, según figura en su programa aprobado ayer por la ejecutiva. Los nacionalistas desafían de nuevo al Gobierno central e insisten, pese al recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional, en contratar inmigrantes en origen y disponer de competencias en materia exterior con la consiguiente apertura de embajadas.

Al margen de la eventual reforma del actual Estatuto catalán, la federación nacionalista ha elaborado un programa para las autonómicas de noviembre, compuesto por 700 promesas, con un marcado acento social y en el que predominan las subvenciones económicas directas. Unas ayudas -a familias con hijos menores, familias numerosas, viudas y jóvenes- cuyo éxito depende en gran medida de la consecución de un nuevo sistema de financiación similar al concierto económico del País Vasco, tal como reclama CiU.

El programa electoral, cuyo lema será Tú eres el primero para así subrayar el carácter personalista de las promesas, se ha elaborado al margen del proceso de reforma del Estatuto, según recalcó ayer el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, tras la reunión de la ejecutiva. Sobre todo porque la modificación exige el apoyo de una mayoría clara de diputados tanto en el Parlamento catalán como en el Congreso de Diputados. Y en la Cámara baja, el PP no está dispuesto a tocar ni una coma del Estatuto catalán.

Pese a la afirmación de Duran, algunas de las reclamaciones electorales requieren obligatoriamente el incremento del nivel competencial catalán. De lo contrario, suponen un abierto desafío al Gobierno central. Es el caso de la demanda de mayores competencias en política exterior y en inmigración, ambas asociadas a las responsabilidades que tienen las actuales embajadas catalanas en el exterior.

Recurso al Constitucional

El decreto que regula estas oficinas fue recurrido por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional porque, a su entender, invade competencias estatales. En concreto, en materia de inmigración la Generalitat se atribuye "tareas de orientación y selección laboral en los países del origen" y en política exterior, relaciones bilaterales entre el Gobierno catalán y el del país donde radica la embajada. Dos puntos que CiU vuelve a reclamar en su programa electoral e incluso reclama la posibilidad de "contratar" a los inmigrantes y "regular" su entrada en España. También apuesta por crear un departamento de Asuntos Exteriores.

Los nacionalistas catalanes relacionaron el recurso ante el Constitucional con la "ofensiva antiautonómica" del Partido Popular. Pero lo cierto es que el Gobierno central nunca ha recurrido los decretos que regulan las embajadas del País Vasco, pues éstas en ningún caso asumen, por ejemplo, relaciones bilaterales entre gobiernos.