La Generalitat sale del capital de la empresa Tradia, cuya venta al grupo Abertis le ha reportado 130 millones

La privatización de la sociedad de infraestructuras de telecomunicaciones Difusión Digital, que opera con la denominación Tradia, se ha completado ya, tres años después de su inicio. En la culminación del proceso, que ha reportado a la Generalitat cerca de 130 millones de euros, la dueña de Tradia, Abertis, se ha comprometido a mantener durante ocho años la sede social de su filial en Barcelona y a no ceder el control de Tradia a ningún otro socio durante cuatro años.

Ambos compromisos están incluidos en el acuerdo firmado ayer, varios meses después de lo que se esperaba, por el que la Generalitat vende a Abertis, el mayor operador de infraestructuras español, el 5% del capital que la Administración catalana todavía mantenía en el capital de Tradia (véase El PAÍS del pasado 1 de febrero). Esta operación, realizada a través de la filial Abertis Telecom, reportará al Gobierno catalán unos ingresos de 6,6 millones de euros. El precio de las acciones que paga Abertis ha sido el mismo que ACESA, una de las dos empresas hoy integradas en Abertis junto con Áurea, pagó en las dos operaciones anteriores que escalonaron el proceso de privatización.

Cuestión de 'catalanidad'

ACESA irrumpió en el capital de Tradia en 2000 porque el Gobierno catalán lo decidió mediante un proceso de adjudicación directa, apelando a la catalanidad del grupo beneficiario de un negocio sensible como son los servicios de transmisión de señal de radio y televisión, además de la gestión de redes para grupos cerrados de usuarios y el alquiler de espacio a operadores de telecomunicaciones. El primer accionista de ACESA, y también ahora de Abertis, es La Caixa.

En total, la compañía, presidida por Isidre Fainé y cuyo consejero delegado es Salvador Alemany ha pagado por Tradia cerca de 130 millones de euros para contar con el 100% de la sociedad, según confirmó ayer la empresa, cuya pata de telecomunicaciones tiene a Tobías Martínez como cabeza visible.

Hace poco más de medio año que el secretario de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Jordi Alvinyà, alcanzó un preacuerdo con la empresa para la venta del 5% del capital, a la que condicionó las dos premisas antes mencionadas, por parte del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat.

Sin embargo, el Gobierno catalán, que siempre ha mantenido que debía destinar a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) el dinero que ingresara por la privatización de empresas de telecomunicaciones, sólo se ha desprendido de forma efectiva de su 5% restante una vez que Abertis ha ganado la carrera por hacerse con el negocio audiovisual del grupo Auna. Abertis compró hace pocos meses esta división, Retevisión Audiovisual, por 423 millones de euros.

Abertis, que por el momento mantendrá separado el negocio de Tradia del negocio de Retevisión Audiovisual aunque ha iniciado un proceso de coordinación de ambas empresas, competía en esta carrera con un frente formado por varios fondos y empresas, en el que estaba presente Red Eléctrica Española (REE).

La compañía, controlada por La Caixa y en menor medida por ACS-Dragados, está a la espera de que el Tribunal de Defensa de la Competencia se pronuncie sobre la compra de Retevisión Audiovisual por Abertis. Esta última no esconde que, si logra la autorización, contempla la posible entrada de otros socios, entre los que la presencia de la propia REE no se perfila como una hipótesis descabellada.