Dimite el jefe de la policía chilena por su papel en 1973

El director de Investigaciones, la policía civil de Chile, Nelson Mery, presentó ayer su dimisión al presidente, Ricardo Lagos, después de que una ex prisionera política lo acusara de someterla a vejámenes sexuales mientras estaba detenida tras el golpe militar de septiembre de 1973, aunque Mery desmintió los cargos y otros ex prisioneros declararon en su favor. El Gobierno, que nombrará a su sucesor en los próximos días, aceptó su renuncia y agradeció la labor "brillante" que ejerció, en especial en la investigación de los casos de violaciones de los derechos humanos.

Mery estuvo 11 años al frente de Investigaciones, y limpió la institución de funcionarios corruptos o vinculados con la represión en la dictadura. Su labor al frente de las pesquisas más complejas en los casos de derechos humanos, que condujo al procesamiento de Pinochet y de cientos de autores de crímenes políticos, le granjeó el aprecio de los abogados de las víctimas y de muchos izquierdistas.

Pero el jefe policial no pudo resistir las acusaciones, que un juez intenta ahora esclarecer, sobre sus actuaciones poco después del golpe de Pinochet, cuando era un joven detective y actuaba como enlace entre Investigaciones y la Escuela de Artillería de Linares, 300 kilómetros al sur de Santiago, donde más de cien prisioneros políticos fueron sometidos a torturas brutales y varios de ellos están desde entonces desaparecidos.

Una ex prisionera política que estuvo detenida en Linares, Odette Alegría, acusó, con el apoyo de diputados oficialistas, a Mery de abusos deshonestos, y otros ex detenidos dijeron que participó en detenciones de víctimas. Mery negó los cargos, se querelló contra Alegría por injurias y admitió haber sabido de interrogatorios, pero sin participar en ellos ni en torturas. Afirmó que, cuando pudo, colaboró con la justicia, lo que facilitó el procesamiento de militares comprometidos en los crímenes políticos cometidos en Linares.

Otros ex detenidos sostuvieron que Mery los trató de forma humanitaria y acusaron a Alegría de ser una simpatizante encubierta de Patria y Libertad, un grupo de ultraderecha que cometió atentados contra el Gobierno de Salvador Allende. La hipótesis de Mery es que ha sido víctima de una venganza política por parte de partidarios de la dictadura.