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Columna
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Justicia y miedo

"Somos conscientes de que vamos contra personas importantes de la sociedad de Huelva". "En algún momento hemos tenido miedo". Así se expresaban en este periódico (18.09.03) algunas de las jóvenes que, en julio, decidieron presentar querella criminal contra el Ayuntamiento de Huelva, por entender que había filtrado los exámenes de unas oposiciones a simpatizantes del PP. Éstos, en efecto, resultaron "agraciados", conforme a una lista anunciada y sellada ante notario por otro damnificado, días previos a la prueba. Pero al alcalde, el popular y balompédico Pedro Rodríguez, este asunto no le preocupa lo más mínimo: "El juez terminará por archivar esta querella, como ha ocurrido en seis o siete casos más". Ya imagino el dialoguillo telefónico: "No te preocupes, machote. Hemos hablado con el fiscal y todo está bajo control". Igualito que antaño.

De fiscales y ministros contra el Gobierno andaluz hemos tenido la semana pasada un diluvio. Como para ir sintiendo verdadero miedo. Entre dudosas memorias, ditirambos al Gobierno central y estadísticas a gusto del consumidor, se nos ha venido a decir: 1, que aquí la justicia funciona peor que en ninguna parte por culpa del PSOE. 2, que como prueba de lo dicho, ahí están las incontables denuncias por delitos urbanísticos, debidos a falta de vigilancia del Ejecutivo socialista. Andalucía, ella sola, consume en este capítulo el 60% de los expedientes incoados en toda la nación. Sólo en Almería se practican 126 diligencias, mientras que en Barcelona ninguna, en Madrid 8 y en Alicante, otro litoral con fiebre constructiva, 5. Será sin duda que los andaluces somos la pera. Pero qué mala suerte han tenido esta vez esos oráculos del derecho. Al día siguiente de sus ardientes loas al PP, en Vila Joiosa, precisamente Alicante, el fiscal de turno no ha tenido más remedio que abrir diligencias penales contra un hotel que construía sin licencia diez plantas más de las permitidas, mientras el Ayuntamiento (PP) miraba para otro lado. Sólo han tenido que morir tres albañiles en seis días, en precarias condiciones laborales, para que la autoridad despertara de su sopor beatífico. Pero es que el mismo día de las intempestivas acusaciones contra Chaves, la SER destapaba en Las Rozas (Madrid) otro tráfico de amistades donde reaparece el ubicuo secretario general del PP, Romero de Tejada, en una operación de poca monta: 150 millones de pesetas ganadas en un mes por sus amigos, y profesionales de la ardua ciencia de la copistería, los señores Sánchez Lázaro, bajo promesa de recalificación de suelo. Eso sí, con los debidos ritos: cacería en Extremadura, escopetas nacionales... Y no es un guión de Berlanga.

La realidad siempre aflora. La justicia andaluza no va ni mejor ni peor que en otros sitios, o sea, mal. Sólo que aquí los delitos urbanísticos se denuncian y en otros sitios no. Pero al ministro Michavila le pierde su condición, al parecer, de iluminado por la causa de los Legionarios de Cristo (vaya nombrecito...); las transferencias de Justicia a Andalucía se hicieron con trampa y deudas que ya van por 60 millones de euros (aquí Chaves cayó en el garlito). Pero Zapatero, menos mal, sale de su cascarón y abandona un Pacto por la Justicia, que nunca debió firmar. Algo es algo.

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