Zapatero culpa al Gobierno de favorecer la especulación del suelo

"El Gobierno ha suprimido todo lo que estorbaba a la especulación del suelo con su nueva ley; con la ausencia de viviendas sociales y con la supresión de los fiscales que combaten el delito urbanístico". Esta acusación sobre la política de vivienda del Partido Popular la acompañó el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, con una batería de medidas como la de asignar por sorteo el suelo urbano entre los componentes de un registro formado por operadores inmobiliarios solventes.

El título que el PSOE puso a su jornada sobre vivienda, que ayer se celebró en el Congreso, fue muy expresivo: Contra la especulación del suelo. La responsable federal de Vivienda y Medio Ambiente del PSOE, Cristina Narbona, fue la organizadora, junto al portavoz socialista de Urbanismo del Congreso, Víctor Morlán, de un acto que contó con los dirigentes del PSOE Álvaro Cuesta y Juan Fernando López Aguilar, con expertos en materia de urbanismo y, además, con el ex fiscal jefe de Madrid Mariano Fernández Bermejo; el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid, Emilio Valerio, y de Antonio Vercher, fiscal del Tribunal Supremo. El portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, cerró la sesión.

Rodríguez Zapatero fue el encargado de adelantar el bloque de propuestas que llevará en su programa electoral de marzo de 2004, después de denunciar al Gobierno del PP. "El Gobierno ha suprimido todo lo que estorbaba a la especulación del suelo: primero por su ley del suelo; segundo, la construcción de vivienda social, y tercero, a los fiscales que combatían el delito urbanístico". Las cosas cambiarán, según Rodríguez Zapatero, si el PSOE llega al Gobierno. El líder socialista propuso ayer estas medidas:

- Sorteo. En la asignación de suelo urbano procedente de operadores públicos, y destinado a la construcción de viviendas protegidas, el mejor mecanismo utilizable será el del sorteo entre los componentes de un registro catalogado de operadores inmobiliarios solventes. Impedirán las situaciones de información privilegiada y luchar contra la corrupción. Se hará un registro con publicidad de los patrimonios y actividades de los cargos públicos y sus familiares más directos.

- Participación ciudadana. Los ciudadanos participarán en sus ayuntamientos de las decisiones sobre urbanismo. Las experiencias de múltiples ayuntamientos socialistas avalan que ese es un camino posible y deseable.

- Acción pública directa. Las Administraciones destinarán suelo público a la vivienda de precio asequible, preferentemente sin perder la titularidad del mismo, para con ello incidir también en los precios del mercado libre del suelo y de la vivienda. Gobierno y comunidades autónomas establecerán de forma planificada un programa para hacer frente a una demanda total en el ámbito nacional equivalente a 250.000 vivienda al año.

- Inspección y control. Más inspección y control público, y una mayor disciplina urbanística, así como una respuesta ágil a la Justicia, que ayude a la prevención del delito urbanístico. Así sería conveniente mejorar el sistema de medidas cautelares que impidan la construcción de viviendas ilegales.

- Penalización. Más penalización para la retención especulativa del suelo. Incorporar nuevas medidas que desincentiven la retención especulativa e impulsar la penalización en los baremos de concursos públicos a los especuladores.

Todos los intervinientes hicieron sus aportaciones para contribuir a cortar la especulación y, sobre todo, la corrupción. El ex fiscal jefe de Madrid Mariano Fernández Bermejo denunció la "inoperancia judicial" para luchar contra la corrupción urbanística puesto que los "mecanismos para luchar contra ella han sido vaciados de contenido".

El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, manifestó que "un concejal de urbanismo de una ciudad de 40.000 habitantes tiene más capacidad de corrupción que seis ministerios juntos; el núcleo de la corrupción en España está en la vía municipal", aseveró el alcalde socialista.