Expedientado el juez que desoyó 11 denuncias de una maltratada que acabó siendo asesinada

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto expediente al magistrado de Barcelona Gonzalo de Dios por una falta grave supuestamente cometida al desatender las denuncias que presentó Ana María Fábregas Escuder contra su ex marido Pedro Martínez Bustos, acusado de asesinarla a martillazos el 10 de junio. La decisión fue adoptada por unanimidad de los cinco integrantes de la comisión disciplinaria. Es la segunda vez, tras el caso de Mar Herrero, que se expedienta a un juez por un caso de violencia doméstica.

El expediente disciplinario contra el magistrado Gonzalo de Dios, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, se fundamenta en que puede haber cometido una falta grave prevista en el artículo 418.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se refiere al "retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos o causas". Ahora el instructor del expediente indagará lo ocurrido y propondrá archivar el caso o sancionar. Si opta por esta última alternativa, la ley prevé una multa de entre 300 y 3.005 euros.

El expediente disciplinario culmina otra indagación previa realizada por el Poder Judicial tras el asesinato de Ana María Fábregas, ocurrido en el portal de su casa de Barcelona el 10 de junio. Ese mismo día trascendió que el supuesto asesino, detenido al cabo de unas horas, había incumplido una orden de alejamiento dictada contra él por un juez de Barcelona. También se supo que en el registro de los juzgados de guardia se acumulaban 54 diligencias presentadas por la mujer en los últimos años por diversos delitos.

Ante esas informaciones, la vocal del CGPJ Montserrat Comas, en su condición de presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, encargó a la inspección del Poder Judicial que averiguase si eran ciertos los hechos. El 19 de junio, la inspectora Beatriz Grande elaboró un informe en el que se constata la pasividad del magistrado y propuso la apertura de diligencias informativas contra él. Fue el paso previo al expediente disciplinario que ahora se ha decidido.

El informe de la inspección explica que en el Juzgado número 3 de Barcelona se acumulaban desde el 30 de junio de 2002 al 3 de junio de 2003 un total de 11 denuncias de Ana María Fábregas contra el que resultó ser su asesino, por los supuestos delitos de malos tratos físicos y psíquicos, agresión sexual, amenazas, quebrantamiento de condena y de la medida de alejamiento, y coacciones. El magistrado Gonzalo de Dios no fue titular del Juzgado número 3 hasta primeros del mes de febrero. Para entonces ya se acumulaban en el juzgado siete denuncias, pero el juez nunca llamó a declarar a la mujer ni tomó otras decisiones para aclarar la veracidad de las denuncias. La única diligencia que practicó, relata el informe de la inspección, fue citar a declarar al ex marido el 25 de febrero, pero ese trámite no pudo cumplirse hasta el 3 de junio porque la policía no pudo localizarlo.

Apenas tres semanas antes, el titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona ordenó a la policía que localizase al hombre porque la mujer le había denunciado por amenazas el 28 de enero. Entonces los agentes fueron a detener al ex marido a su puesto de trabajo y lo llevaron ante ese juez. Pedro Martínez Bustos declaró y quedó en libertad con cargos. El juez dictó contra él una orden de alejamiento, pero se acabó inhibiendo en favor de su compañero del Juzgado número 3 porque la ley le obliga a ello.

Ninguna medida

Este magistrado, relata la inspectora, pudo tomar declaración al ex marido el 19 de mayo, cuando fue conducido por la policía, pero no lo hizo y la demoró hasta el 3 de junio. Ese día, explica la inspectora, "el magistrado no acuerda medida alguna ni la práctica de diligencias al objeto de esclarecer los hechos". Para entonces la mujer ya había advertido de que el hombre la amenazaba por teléfono y aseguraba que tenía las cintas grabadas, de que acudía a su domicilio y de que ella hasta había cambiado de vivienda por miedo a su agresor. Una semana después de comparecer ante el juez el ex marido, la mujer fue asesinada a martillazos.

El magistrado expedientado declinó ayer pronunciarse sobre los hechos. A mediados de julio, la junta de jueces de Barcelona mostró su "apoyo" al compañero y su "preocupación" ante "la creciente tendencia de los medios de comunicación de hacer recaer sobre los jueces el resultado de lamentables hechos que", afirmaban, "combatimos a diario". Los jueces recordaban que el fiscal del juzgado tampoco "detectó" ninguna irregularidad en esa causa y que sólo son "un eslabón" en la lucha contra la violencia de género.