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El PP retrasa la ley que delimitará las aguas de Canarias

CC considera "un error fatal" aplazarla hasta la cumbre de Rabat

Si un barco contamina el pasillo marítimo que separa las islas canarias de Tenerife y Gran Canaria comete un delito en aguas internacionales. "Son aguas de nadie o, peor aún, aguas de todos", en palabras del senador por Coalición Canaria (CC), Victoriano Ríos. Esa formación suscribió con el PP un compromiso para aprobar en esta legislatura la ley que solucione esa situación, pero el plazo para presentar alegaciones se amplió una semana más.

El Gobierno considera que el cumplimiento de este acuerdo "no es lo más urgente"
Sólo España tiene pendiente delimitar las aguas interiores de sus archipiélagos

Para que todas las aguas que se encuentran entre las siete islas sean consideradas territorio de la comunidad autónoma, CC y el PP suscribieron, tras las elecciones generales, un compromiso para aprobar en la presente legislatura la Ley de Delimitación de los Espacios Marítimos de Canarias. El plazo de enmiendas al proyecto de ley remitido a las Cortes, después de su aprobación por unanimidad en el Senado el 27 de febrero, acababa el viernes 12 de septiembre, pero se amplió hasta esta semana. Los nacionalistas canarios temen que haya nuevas demoras.

El Ministerio de Presidencia argumenta que el compromiso existe y sigue en pie pero que "no es prioritario en este momento". Ante la avalancha de textos legislativos que debe aprobar el Parlamento antes de la disolución en enero, el Gobierno considera que el cumplimiento de este acuerdo "no es lo más urgente".

A la espera de información oficial, los nacionalistas sospechan que el Ejecutivo ha guardado este asunto en un cajón hasta que se celebre la cumbre con Marruecos, fijada para los primeros días de diciembre. "Eso supone un error fatal de concepto", defiende Victoriano Ríos,"porque la delimitación de las aguas canarias a lo único que no afecta es a la franja que separa Lanzarote y Fuerteventura de Marruecos".

Ese pasillo de algo más de 60 millas náuticas "ya fue dividido por una mediana establecida por el Estado español", recuerda Ríos, cuando España concedió licencia a Repsol YPF para prospecciones en busca de petróleo en una enorme extensión oceánica y costera comprendida entre dos islas canarias más orientales y 35 millas mar adentro. "Lo que perseguimos", añade, "es que, del mismo modo que se ha delimitado esa franja como aguas españolas, se haga lo mismo para el mar que existe entre el resto de las islas".

El texto defendido por los nacionalistas persigue que Canarias deje de ser "una comunidad de islas aisladas, fragmentada, sin continuidad" y se convierta en "en un pueblo unido, dueño de su propio horizonte", en palabras del senador canario. "De la misma manera que nadie duda que el Teide pertenece a España, nadie debería dudar de que, una vez aprobada esta ley, las aguas que se encuentran entre islas seguirán siendo españolas, con un modelo de gestión compartida con la comunidad autónoma de Canarias", comentó uno de los principales negociadores nacionalistas, que remite este asunto a una "solución política, no jurídica".

La última convención de Naciones Unidas celebrada en 1982 en Montego Bay (Jamaica) sobre Derecho del Mar, estableció que los archipiélago estado también deben contar a las aguas interinsulares como parte de su territorio. No se estableció nada sobre las aguas de los archipiélagos adscritos a estados, como España, Portugal, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Ecuador.

Todos estos últimos países, excepto España, han delimitado las aguas interiores de sus archipiélagos considerando como tal el espacio que queda dentro de la unión del perímetro de las islas por líneas rectas.

A partir de ahí, se trazarían las 12 millas de mar territorial y las 200 millas de zona económica exclusiva, bajo la justificación de que el acuerdo de Jamaica "omite, pero no prohíbe" la delimitación de las aguas interiores de los archipiélagos que pertenecen a un estado. La proposición de ley de los nacionalistas canarios informa que así lo han hecho Australia con las islas Houtman, Portugal con Azores y Madeira, Dinamarca con las Islas Feroe, Noruega en las Islas Spitzberg y Ecuador con las Islas Galápagos.

El documento contempla la unión, mediante líneas rectas, de los puntos más salientes de las islas e islotes que integran el archipiélago canario, desde la isla de El Hierro al sur oeste, hasta el islote de Alegranza al noreste. Los nacionalistas canarios consideran injustificados los temores que aseguran mantiene un reducido grupo de altos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores para rechazar una y otra vez (desde 1995) esta ley, entre los que se encuentra la posibilidad de que, una vez aprobada esta ley, Canarias pudiera exigir un reconocimiento internacional como un archipiélago estado, como en su día reclamara el líder del movimiento independentista canario Antonio Cubillo. " Ésa broma la he escuchado alguna que otra vez", reconoce Ríos, "pero estamos hablando de reconocer algo como español y canario a la vez".

El senador recuerda que "cuando gestionábamos este asunto con el Gobierno socialista, disponíamos del apoyo total del PP y, ahora, con un Gobierno popular, son los socialistas los que nos apoyan".

La diferencia la marcan ahora los compromisos firmados entre el PP y CC en otoño de 2002 y mayo de 2003 y las dos propuestas de resolución aprobadas tras los debates del estado de la Nación de esos dos años. "Puedo esgrimir razones públicas y privadas para entender que ahora sí hay voluntad política de cumplirlo", aventuró Ríos.

En caso de aprobarse esta ley, Canarias quintuplicaría su superficie con consecuencias sobre las cifras actuales, como densidad de población (actualmente algunas zonas de Gran Canaria o Tenerife superan la densidad de población de Madrid o Hamburgo) y acceso a ayudas comunitarias. Pero Ríos no quiso avanzar ni una palabra sobre estos cambios. La labor de configurar esa nueva Canarias "corresponderá a quienes estén en próximas legislaturas", reconoció.

Algunas de las competencias que dependerían de ese nuevo modelo de gestión estado-comunidad autónoma de las aguas interiores de Canarias serían la pesca, los yacimientos petrolíferos, el marisqueo, la acuicultura, el transporte de energía, transporte marítimo, comunicaciones, medio ambiente y vertidos al mar.

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