Las ciudades con más de 250.000 habitantes redactarán mapas del ruido para reducirlo

En un doblete medioambiental, poco frecuente en el Congreso de los Diputados, la cámara aprobó ayer, además de la Ley de Montes, la del Ruido. La norma es una transposición de una directiva europea de julio del año pasado que diseña un sistema para diagnosticar los niveles de ruido molestos a los ciudadanos y criterios para mitigarlos y aumentar la calidad de vida (ver El PAÍS, 18 de enero).

El diagnóstico sonoro se realizará mediante mapas del ruido emitido y percibido por los ciudadanos en cada área urbana. Las 15 ciudades españolas que superan los 250.000 habitantes tendrán que haber elaborado estos mapas para antes de junio de 2007 y para 2012, el resto de las poblaciones.

Los mapas de ruido facilitarán a los ciudadanos información sobre contaminación acústica calle a calle y fachada a fachada. Una vez que se conozcan las emisiones de ruido de cada zona, la ley obligará también a disponer de planes de acción con medidas correctoras de ruido antes de 2008 para las grandes ciudades. La ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, afirmó que la ley afectará a los planes urbanísticos y otorga a las comunidades autónomas el soporte jurídico para que desarrollen las normas y reglamentos locales.

Carmen Marón, diputada del PSOE por A Coruña, aplaude la ley "una herramienta muy necesaria para los ayuntamientos", pero deplora que el mayor peso de su contenido se traslade a un reglamento, que como muy pronto no estará elaborado antes de un año. "Nuestras enmiendas pedían fijar un plazo al reglamento y más concreciones porque una tercera parte de la ley carece de concreción", añade la diputada socialista.

La ley prevé la clausura definitiva o temporal por un periodo de hasta cinco años de instalaciones que incumplan determinados indicadores de calidad acústica, así como prohibir la concesión de licencias de construcción de viviendas, hospitales y escuelas si en los solares previstos se superan los índices de ruido permitidos. En cuanto a las multas previstas se contempla una de cuantía máxima de 300.000 euros para infracciones muy graves, como superar los valores límite que perjudiquen el medio ambiente, la seguridad o la salud de las personas.

España es el primer país de la UE y segundo de la OCDE, después de Japón, donde la población está expuesta a mayores niveles de ruido y, según el CIS, el 54% de la población cree que el tráfico es uno de los mayores problemas.