El proyecto de ley de Empleo impide que Euskadi invada competencias del Inem

El País Vasco no podrá realizar las políticas de intermediación y fomento del empleo, así como la formación profesional y continua. El proyecto de ley de Empleo de la Administración central, que se publicó el pasado 30 de julio en el Boletín de las Cortes Generales, establece que estas políticas las ejercerá el Servicio Público de Empleo Estatal "mientras la gestión de la misma no haya sido objeto de transferencia a las comunidades autónomas". Euskadi es la única comunidad que no tiene asumida esta competencia por decisión del Gobierno vasco.

El proyecto de ley de Empleo no menciona específicamente al País Vasco, sin embargo, su disposición transitoria segunda tiene a esta comunidad autónoma como único receptor. El pasado 22 de mayo cuatro diputados socialistas del País Vasco preguntaron al Gobierno sobre el desarrollo del Estatuto de Gernika. En la respuesta se decía expresamente que Euskadi es la única comunidad autónoma que quedaba sin traspasar las políticas activas del Inem y la formación profesional ocupacional.

El Gobierno central expresaba que su voluntad era ceder la competencia de la misma forma que al resto de las comunidades autónomas, sin embargo, señalaba que el Ejecutivo Ibarretxe pedía más. Así, decía que el traspaso debía comprender las cuotas de formación profesional que se recaudan de manera conjunta con las cotizaciones de la Seguridad Social. En otras palabras, recaudar y gestionar el dinero con el que se financia esa competencia, aspecto al que se niega la Administración central. Más allá de esta competencia concreta, se esconde la demanda histórica de los nacionalistas vascos de asumir la Seguridad Social.

Falta de acuerdo

Las políticas activas del Inem, que pasa a llamrse en el proyecto de ley Servicio Público de Empleo estatal, son la intermediación y colocación en el mercado de trabajo, el fomento del empleo, la contratación laboral, la formación continua y la profesional. Las políticas pasivas, que son las que no quiere transferir el Gobierno central y que en todas las comunidades autónomas han quedado en manos del Inem, son las prestaciones, el dinero.

Actualmente en Euskadi la falta de acuerdo entre las administraciones central y vasca ha creado una situación singular de duplicidad de servicios que en ocasiones confunden al ciudadano. El Gobierno vasco tiene en marcha la creación de "un Inem paralelo", en palabras de los sindicatos no nacionalistas, sin asumir las competencias. Desde el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social se ha potenciado el desarrollo de las funciones sin haber asumido la competencia, en la línea de lo expresado el pasado año por el lehendakari en el debate de presupuestos. Egailan, la Sociedad Pública de Promoción de la Formación y el Empleo, tiene como misión "mejorar los resultados de las políticas activas de Empleo y Formación mediante la evaluación de programas, gestión de Langai, Servicio Vasco de Colocación y Observatorio del Sistema Vasco de Formación Profesional".

Estos servicios existen en otras comunidades autónomas, pero al tener asumida la competencia los ha dejado de desarrollar el Inem. En Euskadi, además, las diputaciones forales también han entrado en este campo de la intermediación y fomento del empleo.

El Gobierno vasco no quiso entrar a analizar la nueva normativa: "Siendo como es todavía un proyecto de ley, y por lo tanto le queda aún un largo recorrido para su promulgación, no consideramos oportuno de momento hacer ninguna manifestación o valoración del mismo. Una vez sea aprobada la ley y conozcamos cómo queda definitivamente haremos la valoración que corresponda".

Otro elemento de polémica es la formación continua, aquella que se emplea para el reciclaje de los trabajadores. Hasta ahora cohabitaban en Euskadi Hobetuz, la fundación vasca, y Forcem, la fundación estatal. El nuevo modelo puesto en marcha por el Estado lleva la formación continua a las empresas. Aunque criticado por las comunidades autónomas en manos de los socialistas y de los nacionalistas, el modelo sigue su curso. La estructura de la formación continua ha cambiado para adaptarla a dos sentencias del Tribunal Constitucional que apostaban por la descentralización. Sin embargo, ésta sólo llegará para aquellos que tengan asumidas las políticas activas. Todos menos Euskadi.

El pasado junio el Departamento vasco de Educación, del que depende la formación continua, envió una carta al Ministerio de Trabajo en la que se recordaba que en 1999, fruto del pacto firmado tres años antes por el PP y el PNV para la investidura de José María Aznar, se acordó dotar a Hobetuz con 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros). Tras el deterioro de las relaciones entre ambos partidos, en los años posteriores Hobetuz no ha recibido fondos del Gobierno central. Aunque no se ha concretado la cantidad que los trabajadores vascos pagan de cuotas de formación, el Gobierno vasco ha calculado en diversas ocasiones que ronda los 39 millones de euros.