Las sanciones por vertidos ilegales se han triplicado desde 1998

El Gobierno vasco ha triplicado en los últimos cuatro años las sanciones a las empresas por vertidos ilegales a los ríos. De los 12 expedientes tramitados en 1998 se ha pasado a los 38 del pasado año, todos ellos resueltos con una multa a los responsables. Los grupos ecologistas reconocen el importante incremento de la labor sancionadora, pero censuran que sólo es una "pequeña parte de los casos reales". La política de control de la Administración vasca de los vertidos a los cauces tuvo un fuerte impulso a partir de 1997, cuando se incoaron un total de 40 expedientes.

Aquel año se elaboraron planes de saneamiento, se incrementó la vigilancia y hubo también una mayor concienciación de las empresas, que empezaron a recibir subvenciones para tratar los residuos contaminantes. "La política de la zanahoria", explica gráficamente un cargo de la Administración vasca para hacer frente a la tradicional resistencia empresarial de adelgazar la cuenta de resultados por un mayor respeto del medio ambiente.

Los ríos vascos siguen siendo uno de los ecosistemas más castigados en el País Vasco, pese a que las actuaciones en materia de canalización de las redes de saneamiento y depuración de aguas residuales están reduciendo paulatinamente su contaminación. Su protección está regulada por el reglamento del dominio hidráulico de 1986 y la ley de Aguas de 2000. El informe del Gobierno sobre la situación de los ríos, referido a 2001, concluía que el 62% presentaba carencias en su estado ambiental. Sólo 15 de los 53 analizados en ese estudio presentaba buenas condiciones.

Los problemas con los vertidos suelen estar protagonizados por las empresas, pero en la mayoría de las ocasiones no se puede determinar la responsabilidad. En 1999, el Gobierno investigó a 200 compañías sospechosas de verter sustancias contaminantes a los ríos pero sólo pudo sancionar a una decena.

El aumento del control en las inspecciones llevó a incoar en 1997 un total de 40 expedientes sancionadores, que se redujeron a 12 en 1998 y rondaron la decena al año siguiente. El último dato conocido es el del pasado año, cuando el Departamento de Medio Ambiente abrió 38 expedientes, todos ellos resueltos con una sanción. La mayor parte de ellos se localizó en Guipúzcoa, con 18, seguido de Vizcaya (15) y Álava, donde se tramitaron un total de cinco.

Hasta 600.000 euros

Medio Ambiente suele realizar más actas sancionadoras por otras actuaciones ilegales junto a los ríos, como obras de infraestructuras o aprovechamientos no permitidos. El pasado año se abrieron 59 expedientes, de los que seis quedaron archivados. La mayoría se refieren a obras ilegales realizadas en el dominio público hidráulico, que establece la llamada zona de policía (a 100 metros del margen del río, que requiere autorizaciones) y la de protección (cinco metros, en la que no se permite ninguna actuación). Suele tratarse de obras de carreteras, viviendas o pabellones industriales.

Los vertidos tóxicos son precisamente los que llevan aparejados las sanciones más importantes y suelen calificarse normalmente como menos grave. En el caso de circunstancias agravantes, se aumenta el grado.

La ley vasca de Medio Ambiente establece una horquilla de multas que pueden alcanzar los 600.000 euros si se tipifica como muy grave. Las leves no superan los 6.010 euros; las menos graves, entre 6.010 y 30.000 euros, y las graves, entre 30.000 y 300.506 euros. La calificación de las infracciones depende de los daños y no suelen considerarse graves si no existe reincidencia.

En esta situación se encuentra el último caso, el de la empresa de Barakaldo Plastificantes de Lutxana, causante de un vertido tóxico que ha obligado a desalojar desde el pasado lunes a cerca de 60 personas de un inmueble de Barakaldo. La compañía, dedicada a elaborar productos químicos plastificantes, provocó otro vertido ilegal en enero de más de 2.000 litros del disolvente xileno, que también causó afecciones a los vecinos, aunque de menor gravedad que la de esta semana.

Plastificantes de Lutxana se ha convertido además en la segunda empresa cerrada por el Gobierno vasco debido a razones medioambientales. La primera fue, hace nueve años, la química Rontealde, situada también en Barakaldo, por un escape tóxico en 1994 que provocó la muerte de un vecino y afecciones respiratorias a una veintena de personas. La factoría estuvo clausurada dos semanas y a principios de este verano se celebró el juicio, que ha acabado con la condena de dos directivos de Rontealde a un año de prisión y tres de inhabilitación para desempeñar un trabajo relacionado con el sector químico. La Audiencia de Vizcaya ha considerado probado que cometieron un homicidio imprudente aunque les absolvió del cargo de delito ecológico.

La Administración vasca asegura que los vertidos de las empresas a los ríos se suelen achacar normalmente a averías "y es difícil demostrar que no es así". Las multas, que se resuelven en un plazo medio de seis meses, suelen acompañarse de indemnizaciones por los daños cometidos al medio ambiente. Algunos de estos expedientes administrativos acaban en la vía judicial, donde no tienen mucho éxito. Los fiscales de medio ambiente de Euskadi archivan la mayoría de los casos que se denuncian. El año pasado, en Vizcaya, sólo hubo tres escritos de acusación; los otros 29 casos que llegaron quedaron sobreseídos.