Conversaciones con deuda al fondo

Otra vez Argentina negocia un acuerdo de asistencia con el FMI, pero Kirchner pretende que lleve su impronta. El presidente dice que su país sólo firmará un convenio que se pueda cumplir y que permita generar crecimiento y empleo. En las últimas horas se ha llegado ya a un preacuerdo sobre las metas de de un programa a tres años.

El centro de la discusión con el FMI está en el ahorro fiscal que necesitará Argentina para responder al pago de capital e intereses de su pasivo

De los 20 pactos rubricados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina, la tercera economía latinoamericana sólo ha respetado cinco, entre ellos el acuerdo de transición sellado en enero pasado tras 12 meses de discusiones tensas. Aquel pacto, que postergó pagos a los organismos multilaterales, caducó el lunes pasado y Argentina se enfrenta el próximo martes a un vencimiento de deuda con el FMI por 2.900 millones de dólares.

El objetivo del Gobierno de Kirchner radicaba en lograr un nuevo acuerdo antes, pero la negociación, aunque más amable que la anterior, ha resultado complicada porque está resolviéndose un programa para los próximos tres años. Ahorro fiscal, deuda externa y tarifas de servicios públicos son los temas sobre la mesa de diálogo.

"Argentina está 10 kilómetros bajo tierra", dice Kirchner, pero el año pasado estaba aún peor. En aquel tiempo, el FMI y los Gobiernos de Estados Unidos y de Europa, incluida España, le reiteraban al entonces presidente argentino, Eduardo Duhalde, de que sólo ayudarían cuando existiese un plan económico sostenible. Sólo cuando el ministro de Economía, de entonces y de ahora, Roberto Lavagna, ordenó las políticas fiscal y monetaria, la actividad comenzó a salir del pozo y el FMI se resignó a firmar un convenio de corto plazo, para negociar otro con el sucesor de Duhalde.

La clave de cualquier acuerdo de asistencia del FMI reside en la meta de superávit fiscal primario (antes del pago de la deuda). En el primer semestre del año, Argentina debía alcanzar un ahorro de 4.500 millones de dólares y finalmente rozó los 5.000 millones. El objetivo anual es del 2,5% del PIB, pero más de un economista reconoce que podrá lograrse el 2,7% o 2,8%.

La actual discusión

El centro de la discusión actual con el FMI reside en el nivel de ahorro fiscal que necesitará Argentina para responder a los pagos de capital e intereses de su pasivo (166.000 millones de dólares, 132% del PIB). Buenos Aires suspendió los pagos en diciembre de 2001 de la llamada deuda externa, que asciende a 100.000 millones y también está en manos de fondos de pensión locales, como Consolidar (BBVA) y Orígenes (SCH). El resto de la deuda está regularizada: Argentina busca el acuerdo con el FMI para posponer los pagos con organismos multilaterales en los próximos tres años, por más de 12.000 millones, pero afrontará en 2005 los vencimientos de nuevos títulos, emitidos a partir de noviembre de 2001, en manos de bancos e inversores nacionales.

Kirchner, que vigila todos los detalles de su Gobierno, y Lavagna admiten que la meta de superávit fiscal primario ascienda el año próximo al 3% del PIB, pero se niegan a acceder a la petición del FMI de elevarlo en forma escalonada hasta alcanzar el 4% en 2006. Aducen que un ahorro fiscal semejante ahogaría el incipiente crecimiento de una economía en crisis desde 1998. El Ejecutivo pretende destinar ese 3% (4.500 millones) al pago de la deuda y los excedentes encaminarlos a la inversión del Estado en infraestructuras, en un país con déficit de carreteras, líneas eléctricas y viviendas, entre otras obras. Por ejemplo, los agricultores necesitan mejores caminos para exportar cosechas que cada año vienen batiendo marcas históricas. Lavagna ha prometido eliminar impuestos "distorsionadores", como el que castiga a las ventas al exterior, cuando su plan contra la defraudación tributaria refuerce la recaudación, mientras que Kirchner anhela robustecer los presupuestos sociales, de educación, salud y ciencia.

Acreedores impacientes

Argentina aduce que si la dejan crecer, podrá cumplir con sus abultadas obligaciones. Pero los acreedores van perdiendo la paciencia. Argentinos, norteamericanos, italianos o alemanes, desde inversores institucionales hasta fontaneros u odontólogos, han presentado demandas contra el país por la suspensión de pagos. Entre 2004 y 2006, el Estado debería pagar intereses de la deuda en situación regular por 2.900 millones anuales. Sólo quedarían 1.600 millones para los acreedores externos.

Pese a que un acuerdo con el FMI pospondría pagos a organismos multilaterales y ampliaría la cantidad de dinero disponible para el pago de la deuda externa, el economista Roberto Frenkel, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, considera que estos números evidencian que Argentina no está en condiciones de presentarles una oferta atractiva de reestructuración de su pasivo.

El periódico Clarín publicó esta semana que Argentina intentaría una quita efectiva del 80% de la deuda en suspensión de pagos, pero el portavoz de Lavagna lo desmintió para evitar una reacción negativa del sector financiero. Lavagna formalizará una propuesta de reestructuración de la deuda externa en la próxima asamblea del FMI, el próximo día 23 en Emiratos Árabes. El FMI tampoco está tan convencido de aceptar el aplazamiento de todos sus préstamos y exige, según medios argentinos, que Argentina le devuelva al menos 1.500 millones en los tres años venideros.

Las últimas versiones publicadas en Buenos Aires indican que el FMI y Argentina firmarán en las próximas dos semanas un acuerdo hasta 2006, pero que sólo establezca la meta de superávit fiscal de 2004 y deje abierta la negociación para los otros dos años. Los economistas ortodoxos advierten de que este convenio ofrecería un horizonte de corto plazo a los inversores, que suelen perseguir las certezas. Brasil, sin embargo, cuenta con un acuerdo similar con el FMI y ha logrado recuperar este año la confianza externa.

Kirchner repite que el FMI comparte responsabilidades por la crisis argentina porque recomendó en los años noventa la receta neoliberal, pero asegura que desea un acuerdo con el organismo. Eso sí, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, ha declarado que su país no utilizará las reservas del Banco Central (13.317 millones) para abonarle pasado mañana al FMI casi un quinto de esa suma.

Estados Unidos, principal accionista del Fondo, apoya el convenio. Los analistas opinan que Washington teme que la ausencia del paraguas del FMI podría conducir a Argentina a una crisis económica que contagie a Brasil y a una posición política similar al del amigo de Kirchner y presidente de Venezuela, Hugo Chávez. En cambio, los mayores socios europeos del FMI, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, se mantienen exigentes porque sus inversores tienen intereses en juego: desde tenedores de bonos hasta bancos o empresas de servicios públicos. Por eso, el acuerdo depende también de que el Gobierno decida un aumento de las tarifas de servicios públicos, congeladas desde enero de 2002, pese a una inflación de más del 40%.

El jefe del Gabinete de Ministros, Alberto Fernández, ratificó esta semana que no habrá ajustes tarifarios hasta que no se revise el cumplimiento de los contratos por parte de las compañías.

Hasta el próximo día 15, el Gobierno se enfrenta a una serie de elecciones a gobernadores de provincia y legisladores nacionales, lo que desvanece la posibilidad de que la Cámara de Diputados sancione en lo inmediato un proyecto de ley que permita incrementos de emergencia durante el proceso negociador. En cambio, avanza la reforma bancaria. Los diputados sancionaron hace dos semanas la reforma de la carta orgánica del Banco Central, que podrá prestarle al Estado para saldar cuentas con organismos multilaterales, y los cambios a la legislación de entidades financieras, lo que facilitará el saneamiento de la banca. Este miércoles aprobaron la compensación a los bancos por la pesificación de los créditos en dólares, que ahora deberá discutir el Senado.